El caso Lezo, famoso por tratarse de un enredo jurídico español que indirectamente nos tocó a los barranquilleros, ha despertado un hambre de justicia pocas veces vista. Muchos de este lado del Atlántico parecen aves carroñeras a la espera de que caigan uno tras otro, de verlos tras las rejas para señalarlos y jactarse de su pulquérrimo proceder en la vida.
No se sabe por qué se ha despertado esa repentina sed de que la ley caiga encima de quienes tengan o no responsabilidad en hechos de corrupción o en el detrimento del patrimonio público.
Es cierto que quienes han hecho algo malo, deben pagar por ello y ojalá fuera así en todos los casos y no de manera excepcional, porque nada más lejano de la realidad que lo dicho alguna vez por un famoso millonario encarcelado: “La corrupción es inherente al ser humano”.
Quien cometa actos de corrupción deben ser castigados con todo el peso de la ley. No hay duda de ello. Pero en el caso de la conexión Canal de Isabel II, Inassa y Triple A, la atención se ha centrado en la ansiedad de que aquí, como en España, también rueden cabezas grandes. No sabemos qué es lo que se pretende o lo que se espera.
Este es un caso similar al de Odebrecht, guardadas las proporciones. Supuestamente se pagaron grandes cantidades por quedarse con la pulpa de un negocio que hoy en día es la joya financiera de las empresas de servicios públicos en Barranquilla y parte del Caribe colombiano.
En el caso de Odebrecht, el escándalo estalló por una intervención directa de las autoridades de Estados Unidos en unión con las brasileñas. De lo contrario hoy nadie estaría hablando de Bula, Prieto, Duda Mendoza y otros nombres que se han ido enredando en el camino.
Aquí en Barranquilla tarde nos dimos cuenta de lo rentable que puede llegar a ser una empresa de esta naturaleza, porque valga la pena recordar el desastre que era la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, antes de que se conformara la Triple A para su operación, con aportes extranjeros, inicialmente catalanes y luego madrileños.
Con el paso de los años nos hemos dado cuenta lo que ya los paisas sabían. Manejar empresas de servicios públicos es rentable, siempre y cuando no estén metidas manos politiqueras hurtando los recursos generados.
Ahora nos lo hicieron saber los españoles con su investigación. Canal de Isabel II, una empresa pública de la Comunidad de Madrid, fue el foco de uno de los mayores escándalos de corrupción conocidos en la Madre Patria en los últimos años.
Llegaron a quedarse con el 85% de la Triple A, a punta de actos oscuros que contaron con la complicidad legal o no, de algunos criollos que fueron cediendo y cediendo, dejando que los españoles capitalizaran, es decir que compraran.
¿Qué parte de la torta les correspondió? Ayer LA LIBERTAD desempolvó los sucesos alrededor de los cuales se terminó aprobando una extensión de 20 años a la concesión de la Triple A, cuando todavía faltaban 13 para que se acabara la primera. Claro, no es lo mismo una empresa con un negocio asegurado a 13 años, que una que lo tiene fijo por los próximos 33 años.
Al final será la justicia colombiana la que tendrá que actuar y demostrar si en las actuaciones de quienes tuvieron que ver con todo este proceso, tienen algún tipo de responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria y actuar en consecuencia.
Aquí todo el mundo quiere que caigan grandes cabezas. Apenas la semana pasada, cuando la Fiscalía española ingresó a las oficinas de Inassa (empresa creada por Canal de Isabel II para comprar la Triple A), algunos medios creyeron que estaban ante el estrépito del año.
Calma, que las cosas van cayendo por su propio peso. Hay que dejar que la justicia actúe, sin perder de vista la importancia del caso y siempre ejerciendo la vigilancia que, como sociedad, nos corresponde. No caigamos en el canibalismo y las ansias por ver sangre en la arena.

















