Las preguntas de la Corte al Gobierno sobre el decreto que le entregaría los bienes de las FARC a ellas mismas

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En medio de  la polémica que ha generado el decreto del Gobierno que abriría la puerta para que buena parte de los bienes de las Farc sean usados para su partido político y sus desmovilizados, la Corte Constitucional inició su estudio para determinar si va de acuerdo con el Acto Legislativo para la Paz.
Tan pronto fue expedido el decreto 903 de 2017  levantó roncha entre la oposición, líderes de opinión y el mismo Fiscal Néstor Humberto Martínez por cuanto ellos creen que se está configurando el lavado de activos más grande de la historia y además se le está permitiendo a las FARC conservar el control del dinero producto de sus actividades criminales como el secuestro, a extorsión y el narcotráfico.
De acuerdo a la analista política la periodista María Isabel Rueda, “el decreto acepta que la plata de las actividades ilegales de las FARC termine invirtiéndose en sus proyectos y en su partido político”.
Por culpa del decreto 903 el gobierno ha dado diferentes versiones a través del Ministro de Justicia quien dice que “es solo un problema de interpretación”. El Alto Consejero Rafael Pardo se comprometió a modificar el decreto para dejar que “excepcionalmente la plata de las FARC o proveniente de sus delitos solo sirva para invertir en los inválidos de la guerrilla y lo demás sea objeto de extinción de dominio de ahí salga para reparar las víctimas”.
Pero el cambio de decreto no será posible pues debe tener la autorización de las mismas FARC  como integrantes del CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final) creado mediante el Decreto 1995 del 7 de diciembre de 2016 como la instancia conjunta entre el Gobierno nacional y las FARC-EP. También están las Naciones Unidas.
El decreto firmado por el presidente Juan Manuel Santos fue revisado por Claudia González, la nueva Secretaria Jurídica de la Presidencia. Por eso fuentes de palacio afirman que está bien redactado pero está mal interpretado e insiste que no le da vía libre a las FARC para usar sus propios bienes.
Los bienes que declaren las FARC inmediatamente quedarán limpios y no podrán ser objeto de extinción de dominio. La Fiscalía tendrá que buscar otros bienes no incluidos en esa relación.
El borrador del Decreto Reglamentario,  ya está listo y debe discutirse en el Consejo de Ministros y luego será revisado y discutido por las FARC mismas en el CSIVI.

Las preguntas de la Corte

El estudio del decreto 903 sobre los bienes de las FARC quedó a cargo del magistrado Alejandro Linares, quien le planteó 19 preguntas al Gobierno sobre la expedición de dicho decreto.
Entre las preguntas están:
– ¿Cuál es el mecanismo jurídico mediante el cual los bienes incluidos en los inventarios serán aportados al fondo de víctimas?
– ¿Cómo se verificará la titularidad y procedencia de los bienes que  se incluirán en dicho inventarios?
– ¿La exclusión de la acción penal respecto de dichos bienes concierne también a la extinción de dominio?
– ¿Cuál es el trámite a seguir sí las Farc no declaran la totalidad de sus bienes?
– ¿Existen mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas de despojo de bienes por parte de las Farc cuyos bienes sean incluidos en los inventarios?
– ¿Cuál es el criterio jurídico para determinar el reparto y la priorización en el destino de recursos para la reparación a las víctimas?
Las otras hacen referencia a los términos que ya se fijaron para la entrega de este inventario por parte de las Farc al Gobierno.
En el desarrollo se solita al fiscal general Néstor Humberto Martínez que amplíe la información sobre las presuntas inconsistencias del decreto. Asimismo, se solita un concepto al procurador Fernando Carrillo.
Por último, serán citados organizaciones sociales, de víctimas y universidades para que presenten sus conceptos frente a las dudas planteadas por el alto tribunal para definir la constitucionalidad del decreto.
 

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Con información de Blu.

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