Desde el noveno piso de la Alcaldía se cocinó la ampliación de la concesión a la Triple A a 33 años, en la administración de Bernardo Hoyos

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El tema de corrupción al interior de la Triple A e Inassa desencadenó toda una tormenta jurídica, motivando la intervención del Fiscal General de la Nación para abrir la investigación de rigor y establecer la participación de actores nacionales en estos actos que sirvieron para beneficio de unos cuantos. Hoy en su mayoría haciendo uso de buen retiro de sus actividades político-administrativa, luego de haber estado incursos en procesos judiciales que motivaron la inhabilidad para el ejercicio de actividades públicas; sin embargo con el pasar del tiempo se les restableció el derecho de participar en política, permitiéndole a unos llegar al Congreso de la República y otros han iniciado el proceso para aspirar en las próximas elecciones parlamentarias.

Según la historia los actos de corrupción de la Triple A se remontan a finales de la década de los 90, especificando que se cocinó en el 9o piso del Palacio Municipal ubicado en la calle 34 con carrera 43, antigua sede del Banco de la República, en el último período del mandato de de Bernardo Hoyos Montoya y bajo la presidencia del Concejo de Ernesto Gómez Guarín, quien lideró la coalición política de ese entonces para aprobar el proyecto que se conoció como ‘el proyecto de la noche’, debido a que todos los trámites se hacía a la luz de la luna, culminando con la aprobación de esta iniciativa en una sesión inusual y que de acuerdo a la referencia de algunos actores, se debió sesionar a puerta cerrada en el noveno piso, por falta de garantías para ampliar la concesión a la empresa prestadora del servicio de agua y alcantarillado por 20 años, lo que a la postre resultó ser 33 años; los cuales están vigentes.

Hay que aclarar que al momento de hacer esta prórroga habían corrido 7 años del contrato inicial a 20 años, al cual le faltaban 13 años y el proyecto presentado a consideración del cabildo municipal por el entonces Alcalde Municipal Padre Bernardo Hoyos era de 20 años más, lo que suma 33, la edad de Cristo.

Una vez se amplió la concesión al operador privado Triple A vinieron las ventas de acciones y la entrega de la extinta Empresas Públicas Municipales a los empresarios españoles, quienes continúan al frente del manejo del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Barranquilla, ampliando su cobertura hacia otros municipios del Departamento del Atlántico.

Dos coaliciones en el concejo

Desempolvando los recuerdos, en el período comprendido entre 1998 y el 2000 existieron como siempre dos coaliciones en el Concejo de Barranquilla, en donde ilustres cabildantes de la ciudad como Iván Romero Mendoza, Luis Zapata Donado y en ese entonces el primíparo Carlos Rojano Llinás entre otros, estaban en minoría y dieron la batalla política desde sus curules para evitar que estas iniciativas fueran aprobadas por considerarlas lesivas Sin embargo los miembros de la coalición mayoritaria liderada por Ernesto Gómez Guarín, retirado de la política, después de este episodio; Miguel Amín, actual Senador de la U, José Laceria, retirado de la política, Alejandro Munárriz, aspirante a la Cámara de Representantes, luego que le levantaran la inhabilidad; Eduardo Pulgar, hoy Senador de la U, Miller Soto, Enrique Cumplido, hoy funcionario de la administración pública en representación del sector del senador Laureano Acuña, Luis Antolines, quien entró en reemplazo de Orlando Rodriguez, quien había sido secuestrado por el ELN, Andrés Díaz Mangones, retirado de la política y Juan B. Arteta y David H. Juliao, fallecidos; aprobaron los proyectos presentados por el mandatario de turno.

Cabe señalar que este fue el Concejo de Barranquilla elegido en 1997, posesionado en 1998 y el proceso de la Triple A se dio en la postrimería del gobierno del Padre Bernardo Hoyos y de quienes hacia parte de la mayoría del Concejo Municipal de la época.

Hoy 17 años más tarde ha quedado descubierto una serie de actos de corrupción, que han conllevado a un detrimento a las finanzas del Distrito de Barranquilla en lo denominado la operación Blaz de Lezo, que mantiene expectante a las órganos disciplinarios de control fiscal y la propia Fiscalía que adelanta las investigaciones concernientes a esclarecer estos hechos en donde se encuentran comprometidos quienes en su momento, desde cualquier orilla del equipo de Gobierno, de la empresa operadora del servicio o de los capitalistas españoles desarrollaron estos proyectos que hoy los mantiene en el ojo del huracán. Finalmente hay que recordar que en ese período también se aprobó la concesión de privatización del recaudo de los impuestos del Distrito, concesión que se le entregó a Métodos y Sistema.

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