Esta mitad de año será de meses urticantes en materia de disposiciones que descongestionarán los centros penales en todo el territorio colombiano. Estos proyectos de ley llegarán al Congreso por diferentes vertientes, como el de la Fiscalía General de la Nación, pero también otros serán presentados por la llegada en el mes de septiembre a nuestro país del sumo pontífice Francisco.
Es que la solución del sobrecupo en las cárceles colombianas no está en seguir dejando en libertad a grandes masas de internos cada año sino hay que analizar concienzudamente esta grave problemática que, por años, los gobiernos de turno no se interesaron de ejecutar una política penitenciaria de Estado y no de gobierno, es decir en otro término planificar a largo plazo. Por eso cuando actualmente nos encontramos con los centros de reclusión y de detención colapsos, el gobierno empieza a interesarse por esta catastrófica y aberrante situación humanitaria.
Lo que sí obviamente nos espera en los próximos años es un incremento en todas las modalidades delictivas, naturalmente este evento va a repercutir negativamente en el desarrollo y la prosperidad de los colombianos, que se sentirán psíquicamente más inseguros, lo que traerá consigo de forma inmediata que el ciudadano tendrá que redoblar su seguridad personal, pero lo que el gobierno ignora es que la mayoría reincidirán por el largo camino del delito.
A pesar de que en los últimos años han habido nuevas disposiciones para descongestionar las cárceles en Colombia, estas siguen teniendo un nivel de población reclusa elevada, ya prácticamente se puede decir que el gobierno colombiano no tiene herramienta para seguir albergando a los internos, por eso aprovechará la indulgencia del jubileo para presentar proyecto de ley con el objetivo de dejar las prisiones sin reclusos.
Evidentemente los penales en este país son más centros criminógenos que una estadía de rehabilitación y reinserción social, puesto que se puede observar en el interior de ellas, que permanentemente germina una serie de conductas penales, incluido también la corrupción administrativa.
Auguro que todas estas nuevas disposiciones que establecerán rebajas y beneficios penales no solucionarán el elevado índice de criminalidad, tampoco evitaría la reincidencia delincuencial, lo que podría traer consigo una importante desestabilización en materia de seguridad en toda Colombia, lo cual sería garrafal para la sociedad. Inclusive se podría aumentar los homicidios por la ejecución de las retaliaciones vengativas. En razón a que la justicia tendrá indiscutiblemente las manos más atadas.
Pero el caos en las cárceles colombianas también se extiende en el campo de la salud, ya que la entidad que presta el servicio de salud a las personas privadas de la libertad no es digna, por tal sentido se viene propagando una serie de enfermedades dentro de las cárceles, que inclusive puede ocasionar un grave problema de salud pública.
Es claro que el Ejecutivo nacional está abanderando los proyectos de redención de pena y libertad de los presidiarios, por eso es importante que los mismos estén en concordancia con la reforma en la fiscalía, códigos Procedimiento y Penal, igualmente el Penitenciario y Carcelario. Así pues, sería de gran valor para que los mismos puedan entrar en el ordenamiento jurídico colombiano de forma unísona.
El problema carcelario no solo es una cuestión jurídica sino también cultural. Esto quiere decir que aunque se transformen las disposiciones en vigor siguen las inexactitudes en este campo. Siempre reitero, no es fácil resolver de tajo este asunto de índole legislativo, jurídico y cultural.
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