Las malas prácticas en el manejo de lo público produce ira, inconformidad y rechazo, porque con ellas por lo general se afecta el interés colectivo. Advenir al ejercicio de un cargo estatal es un honor que se ha solemnizado y pretendido blindar con el juramento que el nombrado o elegido debe prestar al asumirlo, de que se compromete a respetar y cumplir la Constitución y la ley, y si por acción u omisión, por descuido o con intención hace lo contrario, adquiere responsabilidad que puede comprometer su libertad y su patrimonio, o sólo su libertad, valores de nivel similar a los de la dignidad y la vida. No obstante, es frecuente ver servidores oficiales incursos en errores o delitos relacionados con las arcas por apropiación, desviación o favorecimiento de terceros. La intencionalidad o la culpa en esos procederes atenta contra la sociedad. A pesar de ello, ese comportamiento no siempre se reprime con el rigor o la dureza merecidos, que en lo de la defraudación le transmite a los ciudadanos el mensaje funesto de que el delito sí paga, como lo asimilan personajes involucrados en grandes fraudes que al ser arrestados piden se les envíe a mansiones que no figuran a sus nombres, mientras dura la detención preventiva o la pena, sin que por no aparecer de su propiedad esos bienes, los afectados puedan perseguirlos judicialmente. El destino de estos corruptos en países como la China, es el cementerio, y en otros, la cárcel y elevadas condenas económicas.
Paralelo a lo anterior, como alimento espléndido y copioso para los insomnes manipuladores y mentirosos que atentan con descaro a la concordia, la verdad y la justicia tengan más elementos para confundir a los colombianos, ahora sale a flote la delicada situación de que en el momento cursan en los juzgados, tribunales y cortes 393.851 demandas contra la nación, que en los últimos diez años se han aumentado en cuatrocientos por ciento, en las cuales las pretensiones ascienden a 226 billones de pesos, y con riesgo de que en los próximos diez se pierdan 102 billones en entidades como la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, los Ministerios de Justicia, Minas, Hacienda, Transporte, la Rama Judicial, el sector agropecuario y organismos de control. Entre los que creen necesario producir un dique a lo que se presenta como un desangre a las finanzas públicas, el congresista Jaime Buenahora intenta que por medio de ley se limiten los daños que merecen indemnización, lo cual, a simple vista, parece un exabrupto, porque el daño genera el deber de reparar, y como el Estado moralmente está llamado a ejemplarizar, no puede auto relevarse de responsabilidad por la acción o la omisión de sus agentes que afecten intereses particulares. Lo que sí debe hacerse y lo prudente, es que se procure la aplicación efectiva del artículo 90 de la Constitución, para que los funcionarios responsables de esos daños asuman el costo que nos ponen a pagar a todos los colombianos. La norma, que casi está en desuso por su inexplicable e increíble inaplicación, consagra que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. Juan Pueblo, pues, apreciado lector, usted y quien firma este escrito, no tienen por qué pagar las indemnizaciones por los falsos positivos, las destituciones irregulares o caprichosas y la tramposa prohijación velada o abierta de obras sin el lleno de los requisitos legales. Esas condenas, sin miramiento ni atenuante alguno, deben pagarlas únicamente los responsables.

















