
El Comité Integral del Atlántico se pronunció a propósito de la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) de La Guajira de confirmar la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha que obliga a la empresa Promigas y al Ministerio de Minas y Energía a pagar indemnizaciones por $3.700 millones por un atentado perpetrado por las Farc al gasoducto Ballenas-Barranquilla en 2001.
Indica el gremio que la decisión de dicho Tribunal constituye una embestida jurídica contra el sector empresarial dado que traslada al inversionista privado de una concesión la responsabilidad de un acto terrorista perpetrado por terceros contra la infraestructura construida y operada para la prestación de los servicios públicos derivados de la misma.
Agrega que ademas esa decisión, inédita en el país y en el mundo, introduce para cualquier inversión privada bajo la figura de concesión, ya no solo incertidumbre jurídica sino, más grave, certidumbre del riesgo por acciones criminales dirigidas contra la propia empresa.
Precisa el Comité que la decisión del TCA de la Guajira abre la puerta, mediante cuestionables argumentos, a un nuevo y peligroso factor de inestabilidad jurídica que socava la confianza del inversionista privado en el país.
Considera el Intergremial la empresa condenada por los hechos que dieron lugar a estas sorprendentes decisiones judiciales, no solo no es responsable, dado que quedó demostrado que la explosión del gasoducto no fue causada por una falla operacional o técnica, sino que fue víctima del atentado terrorista sobre un gasoducto que se construyó en una servidumbre legal en predios que estaban deshabitados para entonces.
En el comunicado firmado por Ricardo Plata, presidente de la agremiacion se indica que causa extrañeza que las decisiones del Juzgado y del Tribunal en cuestión no atribuyan responsabilidad alguna al municipio ni al departamento por la explosión del gasoducto a raíz del atentado de las Farc, cuando a las autoridades de esos entes territoriales les corresponde velar por la seguridad de sus habitantes y evitar la invasión de las zonas adyacentes a una infraestructura como la que fue blanco de la acción terrorista.















