Un paro justo

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Luce extraño, que el actual gobierno, el gobierno de la paz, no haya dado pronta respuesta al justo paro de los maestros, lo anterior en razón de la apuesta a un futuro incierto de “Colombia el país más educado de América Latina en 2025”. Siempre en mis reflexiones está presente la frase premonitoria del Libertador Simón Bolívar: “el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo”. Y esta sentencia, tiene que ver con el atendimiento a las justas peticiones del magisterio, ya que a través de la labor del maestro se engrandece la Nación. Ya en otra frase Bolívar anotaba: “moral y luces son los polos de una república”. Un buen ejercicio de las facultades de educación, en sus cursos de Constitución Política, sería el poder decantar analíticamente las funciones del gobierno, para que la primera de ellas, sea el primer deber que señalaba el más grande hombre de Nuestra América. Este glorioso paro de los maestros colombianos, es una nueva experiencia, que debería concluir en la convocatoria de una Asamblea Educativa Constituyente para que a través de ella se piense y materialice el derecho a la educación como Derecho Fundamental, con las consabidas responsabilidades del Estado, la familia y la sociedad: es una propuesta donde la educación, y de manos de ella, los maestros se conviertan en la fuerza vinculante de gran intensidad para propiciar cambios transformadores en la escuela, en los estudiantes y en sus cotidianidades, como el resultado de una especial capacidad de lucha y de concentración, que como nunca lo ha había potenciado el poder constituyente de la educación, como son los maestros, quienes con una disciplina a toda prueba y con una profunda convicción que tiene su labor, pretenden demostrarle al gobierno de turno, que la calidad de la educación, que es su apuesta, cuesta, y que para ello se deben concretar  salarios dignos e igualitarios con otras profesiones, y estímulos para su formación permanente, que también cuesta.ç

El magisterio nacional, que ha estado presente en todas las convocatorias de marchas, que han partido de todos los rincones de la patria, ha hecho participe a toda la comunidad educativa, que está establecida en el artículo 6 de la Ley General de Educación de 1994, sumándolos a su justo reclamo, y esto ha quedado demostrado de manera espontánea en su vinculación a esta problemática, que es de toda la sociedad colombiana, en donde la miseria y el abandono de grandes sectores de escuelas de la geografía nacional, no cuentan con los recursos necesarios para hacer realidad la tan mentada “calidad de la educación”. Esta capacidad de respuesta del maestro, tiene también una dimensión de respeto y valoración por su dignidad, que es el más sagrado valor que establece el Preámbulo de la Carta Política de 1991. A pesar de la falta de gestión del gobierno nacional a través de sus ministerios de hacienda y educación, como los encargados de hacer realidad los compromisos contraídos con el magisterio, se observa en toda la fuerza magisterial, y en la de otros sectores sociales que acompañan y apoyan el Paro Indefinido, una espontaneidad característica de alegría, esperanza y lucha,  y esto es importante de mencionar, porque ello se ha vivido y sentido en el lleno de río de maestros inundando las grandes avenidas de las ciudades capitales, lo que le da su sello singular de libertad creativa, lo que abre caminos críticos para una nueva perspectiva de una educación de calidad, no con el patrón de la OCDE o de las Pruebas estatales del ICFES (que habría que mandar a recoger o repensar), sino con otros sellos distintivos que consulten más las realidades de “Cundinamarca y no las de Dinamarca” para decirlo con acento jocoso.

Para comprender esto último debemos remitirnos a la lucha del magisterio colombiano a partir de los años 60 del siglo pasado, con la nunca olvidada “Marcha del Hambre”, ejercicio, con un hondo contenido social, humano y cultural de la educación, siendo la respuesta siempre de los gobiernos, ese símbolo asfixiante a que año tras año, el gobierno de turno tiene para con los maestros: la burla cotidiana a sus demandas, donde encontramos funcionarios indolentes en los ministerios de Hacienda y Educación frente a las dolencias magisteriales: ¿cómo se explica el advenimiento de “Colombia la más educada” cuando el gobierno no propone un salario justo y digno que incluya la formación permanente de los educadores? Sólo una actitud verdaderamente consecuente con esta lucha justa impulsa la real creencia de que el gobierno desea lo mejor para los docentes, lo que invita a rechazar las tentaciones de que ellos ingresen las filas de una tendencia de profesionales con los salarios más bajos de la Administración Pública.

Este paro cobra una actualidad única, en cuanto destaca los ámbitos más contundentes que golpean la vida digna que debe llevar un educador, por ser este el sostenedor formativo de niños y niñas, que como futuros ciudadanos engrandecerán a Colombia, y sólo ello se logra a través de las prácticas y discursos del maestro, quien desde su trabajo crítico impacta socialmente nuestra dura realidad a partir de su labor diaria, sacudiendo con ello el sinsentido de un gobierno que da la espalda a sus justas peticiones. Este paro  grandioso del magisterio nacional alude de manera crítica y testimonial a la toma de las grandes plazas de las ciudades capitales: ha sido un evento de suma importancia, porque significa y dignifica esta lucha, en la búsqueda de una solución real bajo la formalidad del derecho para que se cumpla con una doble función: dar solución inmediata a las peticiones, pero con proyección futura de cumplimiento real, y que esta proyección se enderece más a pensar la educación como un proceso integral con la activa participación de los responsables de la educación (el Estado, la Familia y la Sociedad), como esa sensibilidad motivada por abordar y dar soluciones efectivas a este “primer deber” del gobierno. Este justo paro de los maestros, debemos entenderlo como un hecho cotidiano de la educación, a la cual el gobierno nacional, no “pone”  como prioridad en sus decisiones económicas desde planeación nacional y del Ministerio de Hacienda las obligaciones contraídas con este derecho y primera responsabilidad suya: uno no puede explicarse las salidas del ministro de hacienda, donde se asume la educación pública como un proceso fundamentalmente gastoso, que consiste en la creciente desfinanciación de la educación pública, pues en términos macroeconómicos supuestamente no produce rentas. Esos señores de hacienda y educación, no quieren entender que el mundo actual (y siempre ha sido así) obedece a sus transformaciones en todos los órdenes gracias a la educación, y en ella, gracias a los maestros de los distintos niveles, pero, de manera especial a los niveles de preescolar, básica y media, ello en razón, a que desde allí se forman los buenos ciudadanos colombianos.

Por último, dentro de los diferentes caminos que pueden conducir a la concreción de una educación real y contextualizada, se considera de relevancia, elevar a rango de Derecho Fundamental, el derecho a la educación para todos los niveles. Esto sería posible activando una Asamblea Constituyente Educativa, con representación de todas las fuerzas sociales que vean a la educación con un hondo sentido humano.

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