Identificar, como lo bien lo establece la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, a los responsables de la educación para analizar en detalle sus responsabilidades, es de suma importancia para quienes nos identificamos como maestros, en cuanto, la escuela y en ella, los maestros se han convertido en una especie de ambulancia frente a todas las impotencias de la sociedad. Entonces tenemos, que es un punto obligado para quien busque dar cuenta del desarrollo de un concepto del pensamiento educativo de occidente de larga duración, como es el de formación.
El poder abordar estas responsabilidades es tal que hasta podría hablarse de la necesidad, de pasar también “cuenta de cobro” a estos tres responsables, que son; la familia, el Estado y la Sociedad. En lo que hace al tema de este ensayo, nuestro aporte es, el poder detenernos en el análisis de los distintos enunciados relativos a las responsabilidades de estos actores colectivo para profundizar en esta cuestión tan fundamental, que dar razón de los impactos que constituyen elementos centrales del análisis educativo de esta responsabilidad. No obstante, creemos que la aportación que podemos reside en la vinculación directa que hagamos de estas responsabilidades con las posibilidades reales de la formación integral de los niños. En este sentido, desde la perspectiva general de este abordaje, la principal aportación se encuentra en el concepto constitucional y legal de dichas responsabilidades, como la definición normativa que hace suya el Nuevo Orden Educativo (NOE) surgido a partir de 1991.
Para presentar con la mayor sencillez posible la perspectiva de estas responsabilidades en este NOE, podemos decir que, desde este orden se deberán analizar las relaciones de imputación de sanciones a ciertas conductas de estos tres actores, que son los directamente responsables de la educación de los niños colombianos. Ahora bien, de lo anteriormente dicho se sigue la necesidad de clarificar la responsabilidad de este enunciado: la responsabilidad de los actores educativos constitucionales y legales como normativa y la responsabilidad como reflexión pedagógica que debe asumirse en el Manual de Convivencia Escolar y desde la Escuelas de Padres. Como norma jurídica, viene a ser el sentido de un acto con el cual se ordena y, en especial, se autoriza, un comportamiento de la Familia, el Estado y la Sociedad. En otras palabras, la responsabilidad de estos actores como norma se refiere a un acto concreto (cualquier acción) en su contenido y, mediante la imputación de la consecuencia de la acción, dota de carácter jurídico a la conducta de estos actores a través de sus representantes. En otras palabras, concebir a la responsabilidad como norma para el abordaje en lo educativo viene a denotar algo como derecho, y ello implica como norma jurídica, o como contenido de ella, como lo determinado por una norma de derecho, en este caso, esta responsabilidad la establece la propia Constitución Política de 1991, entonces, podemos hablar de la constitucionalización de la responsabilidad del Estado en los asuntos educativo.
Esta responsabilidad tiene carácter jurídico en función de su pertenencia al NOE, establecida en el artículo 2 de la Constitución Política, y eso es así en cuanto expresa el sentido objetivo como acto de voluntad que sentenció el constituyente de 1991.
En este artículo se describe la funcionalidad del Estado en materia de responsabilidad educativa, como fin esencial del Estado Social de Derecho. En este sentido, se describen los fines, que para nuestro ejercicio, ellos los relacionamos con la educación. Esos enunciados, como también están presentes y descritas esas funcionalidades para la familia, en el artículo 42 constitucional, son mandatos que obligan y expresan el deber ser como posibilidad real conforme al orden jurídico, lo que produce ciertas consecuencias determinadas por ese orden. En ambos casos se describen estas funcionalidades emanadas de este orden jurídico: son funciones que como fines esenciales del Estado Social de Derecho: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Lo mismo se puede predicar de la función de la familia en la educación establecida en el artículo 42: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. (…). El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia (…). Estas responsabilidades cumplen una función enteramente coherente con lo señalado en el artículo 67 constitucional y concordante con los fines esenciales y de la familia en la educación colombiana (artículos 5 y 7 de la ley 115 de 1994).
De acuerdo con lo anterior, la descripción de estas nociones como responsabilidades funcionales son nociones que son apropiadas por el NOE, y deben materializarse como deberes sancionatorios en el Manual de Convivencia, o en el mejor de lo casos, permanentemente, ya sea por parte de los secretarios de educación, o de los rectores, o de los personeros estudiantiles, o de un docente, tienen el deber moral de “empapelar” y exigir a estos responsables, su responsabilidad en materia educativa, exigiendo a la Procuraduría General de la Nación y a otras instancias el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y legales. Esto debe hacerse para que la carga de la responsabilidad no sea sólo de la escuela. Aquí las sanciones, pueden derivarse como las consecuencias de los obstáculos que deja de hacer o de cumplir el Estado colombiano a través del gobierno, es lo que presenciamos en este momento, con el Paro Indefinido, muy justo de los educadores colombianos. Aquí debe dejarse de manera contundente y clara, que la tan cacareada calidad de la educación no debe hacerse sólo a expensas del maestro, ese concepto empresarial vertido en el sistema educativo colombiano cuesta y mucho, y lo que presenciamos, que cada vez la educación colombiana se va desfinanciándose cada vez. Hay calidad de la educación cuando haya realmente compromiso por parte del Estado, de la Sociedad y de la Familia con el quehacer de las escuelas: echemos una mirada a las escuelas de los rincones más apartados de nuestra geografía, por ejemplo de la escuelas de Pinillos (Bolívar) y de uno de sus corregimientos, Las Conchitas, y nos preguntamos, cuál calidad de la educación.
Al maestro colombiano el gobierno le impone todas las estandarizaciones para el logro de esa calidad, muchas veces a expensas de su biología y su psicología, pero cómo responde el Estado: ahí está este glorioso Paro Nacional del Magisterio colombiano como la real muestra del incumplimiento de los fines por parte del gobierno que representa al Estado.
















