Unidos contra la delincuencia

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Durante los últimos días, el accionar cobarde de los antisociales en contra de la Policía Nacional ha sido tema de debate público en Barranquilla, a raíz del vil asesinato del patrullero Marc Jordi Miranda Carrillo a principios de esta semana.

Coincidencialmente desde esta misma tribuna editorial hemos abordado la grave problemática de las cárceles en Colombia, poniendo de presente la peligrosa situación que se ha generado como consecuencia del hacinamiento extremo en los penales.

En ese contexto, entendemos la posición de los guardianes del Inpec que son el punto más débil de una crisis de fondo, que viene desde hace décadas dando campanazos de alerta sobre lo que podría generar una tragedia en cualquier momento.

Parece ser que el crimen del patrullero Miranda es fruto de un despiadado procedimiento de muerte denominado ‘Plan Pistola’, impulsado por antisociales vinculados a bandas criminales, que se sienten presionadas por el accionar de la institución, tanto en centros urbanos como en zonas rurales.

De acuerdo con una publicación de LA LIBERTAD, a un antisocial conocido con el alias de ‘Tío Guillo’, se le interceptó una comunicación en la que hace alusión al cobarde asesinato del patrullero, poniéndolo en el entorno del macabro ‘Plan Pistola’, que sería fruto de la determinación asesina del grupo autodenominado Clan del Golfo.

Tras las primeras horas de cometido el crimen, ya se había hablado de la posibilidad de que fuera parte de este repugnante plan, que no consiste en cosa distinta que asesinar a sangre fría a miembros de la Policía en estado de indefensión.

Es decir, cuando están de civiles, en horas no laborales, en días de descanso, en vacaciones, o a auxiliares bachilleres que ni siquiera arma de fuego portan.

Al parecer, también la intención de asesinato masivo se extendería a los guardianes de las cárceles de este país, que también suelen estar en estado de indefensión.

Deplorable desde cualquier punto de vista que se le mire un escenario como el que se plantea por parte de los bandidos, que se escudan detrás de siglas y nombres rimbombantes de presuntas organizaciones político-militares, y que no pasan de ser simples asesinos sin sangre que cometen crímenes como el del joven bachiller que iba desarmado para su lugar de trabajo, simplemente por pertenecer a una institución como la Policía.

En últimas, las funestas acciones de los maleantes tienden a recaer sobre los más débiles. Es decir, los patrulleros y guardianes carcelarios, que bien podrían estar con su familia o amigos en momentos en que sobre ellos lleguen las balas asesinas.

Esta sociedad no debe y no puede quedarse impávida ante semejante realidad macabra. En los horrendos tiempos de Pablo Escobar, las cabezas de los agentes de Policía tenían precio. Era la época de narcoterrorismo y vimos a cientos de nuestros uniformados caer sin fórmula de juicio.

No podemos aceptar que regresen esas épocas ya superadas y tenemos la obligación en este momento de rodear a nuestra fuerza pública para que se pueda frenar de una vez por todas, cualquier intento de arremeter con este tipo de métodos cobardes.

De momento, las temerarias palabras del maleante interceptado, no han pasado de ser una amenaza de las muchas que cada día se hacen en este país, pero como en todos los casos, a esta también se le debe prestar atención.

La Policía Nacional merece todo nuestro respaldo y el llamado es a unirnos en un bloque compacto en el que sociedad civil y uniformados, seamos uno solo frente al hampa que nos agobia y que nos frena toda intención de crecer como ciudadanía.

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