Un cáncer público

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El 27 de abril pasado el periódico “El Universal” de la ciudad de Cartagena publicó en su página 07 una información bajo el título “Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar, en alto riesgo de corrupción”, con un índice de transparencia de sólo el 59,1 por ciento y la gobernación de 50,3, lo que debería inducir a quienes tienen a su cargo la responsabilidad de dirigirlas a demostrar que la percepción es equivocada, o corregir lo que deba corregirse, porque la afrentosa revelación es un emplazamiento a que se den explicaciones, pues además del buen nombre de la administración, está en juego el de los cartageneros y bolivarenses, en general gente honrada y de buena fe. La corrupción tiene muchas variables, y en los tiempos actuales casi todas aluden al indebido manejo o uso del dinero destinado a la atención de servicios y obras públicos. Ningún ciudadano puede sentirse confiado ni tranquilo cuando sospecha que los impuestos que paga son malversados o están en riesgo, y cuando esta fatalidad se comprueba se pierde el respeto por quienes actúan a su nombre.

Los índices a que se ha hecho referencia han sido revelados por la organización no gubernamental Transparencia por Colombia, filial de Transparencia Internacional, después de evaluar 75 entidades en todo el territorio nacional, entre las cuales figuran alcaldías, gobernaciones, la Unidad de Análisis e Información Financiera – UIAF, la Fiscalía General de la Nación, el Senado de la República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Agencia Nacional de Minería. La percepción de corrupción sobre ellas es elevada, lo que se traduce en alerta que debería conducir a la adopción de políticas que permitan el restablecimiento de la confianza, porque si bien ello pudiera fundamentarse en la comprobación de casos aislados que deben atacarse, la generalización crea un peligroso estado de inseguridad que no contribuye a definir y adoptar medidas de saneamiento, se empobrece o anula el respeto hacia lo público y se echan por tierra las presunciones legales de inocencia y buena fe, lo que genera la indeseable atmósfera de “sálvese quien pueda”, que solo ayuda a los avivatos y atenta de manera grave a los mejores valores de la sociedad.

En los casos de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, que son los que en el momento nos ocupa, deben revisarse a fondo las glosas, pues la creencia fundada o infundada de que están permeadas por la corrupción, perjudica el crédito y la financiación interna y externa de sus proyectos. Ante el resultado de la investigación no sería explicable el silencio ni la indiferencia de quienes como responsables de esas administraciones están aludidos, sobre todo si se tiene la convicción demostrable de que ello no es cierto, y que se cuenta con herramientas eficaces para contrarrestarlo o descubrirlo, aparte del cumplimiento del deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes los eventuales desafueros. Cuando hay autoridad para lanzar la primera piedra, no se puede dar lugar a que haga carrera la expresión a veces injusta de que quien calla otorga y en el tema de la transparencia en los asuntos oficiales, es natural pretender que la mujer del Cesar no solo sea honesta, sino que lo parezca. Fatalmente, hoy el tesoro público se asemeja a un panal asediado por moscas y otros bichos a los que les encanta la miel, de donde al interior del panal las abejas reinas tienen que permanecer en guardia en la producción, como debe estarlo para preservarla la dueña del panal, o sea, la sociedad. El informe de Transparencia por Colombia no debe ser un arado en el desierto. Su gravedad merece respuestas convincentes. El requisito mínimo exigido para advenir a un empleo estatal es la competencia, pero para que esta se satisfaga en forma completa tiene que ir aparejada con la honestidad. ¿De qué sirve a todos un funcionario brillante si es deshonesto? La respuesta es una: de mal ejemplo. Por eso, todos los ciudadanos estamos convocados a reflexionar sobre la percepción negativa de honestidad que se tiene de los gobiernos de Cartagena y Bolívar.

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