Cuando a principios de la semana pasada se anunciaron diversos paros de trabajadores oficiales de distintos sectores, quizás a uno de los que menos se le prestó atención fue al del Inpec, entidad que maneja las cárceles y penales del país.
En parte porque se trata de uno de los que menos podría afectar la cotidianidad del colombiano promedio y en parte porque los trabajadores de ese organismo, están atomizados en un gran número de asociaciones y sindicatos que pocas veces suelen ponerse de acuerdo en lo que piden o esperan.
Sin embargo, el fondo de su queja siempre ha sido la misma y muy bien fundamentada, porque los guardias que cuidan las cárceles, que son la mayoría de los empleados del Inpec, son el lado más flaco del desastroso sistema carcelario del país, que cada vez se hunde más en una crisis tan profunda, que resulta ser una bomba de tiempo, de la que solo nos acordamos cuando estallan motines o hay muertos.
Mientras tanto campea el hacinamiento, el microtráfico de drogas, armas, aparatos celulares, comodidades que se comercian, las sangrientas luchas territoriales, las condiciones infrahumanas en las que los reclusos deben pagar sus penas, la falta de un adecuado sistema de salud y mil problemas más.
Todo parte del horrible e inhumano hacinamiento en que tienen que vivir los reclusos en ese país.
Un reciente informe dado a conocer por los organismos defensores de los derechos humanos, indica que el 75 por ciento de los internos vive en condiciones graves de hacinamiento en las cárceles de Colombia, es decir, son personas que no tienen ni dónde dormir y que padecen de graves enfermedades físicas y mentales.
Nuestros penales, construidos y diseñados desde hace muchas décadas, hace tiempo se quedaron insuficientes para la enorme cantidad de presos que a diario hacen tránsito por sus puertas, enviados por los jueces de la República a pagar las faltas que han cometido en sociedad.
En Barranquilla están las cárceles Modelo y El Bosque. La primera tiene capacidad para 450 internos y la segunda para 460. Los datos más recientes del año pasado, indicaban que en El Bosque hay una población de más de 1.500 reclusos y en la Modelo 960, es decir una sobrepoblación cercana al 200 y el 100 por ciento, respectivamente.
Hay casos peores. Por ejemplo, en la cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena, con un exceso de más del 400 por ciento de internos, hay 32 guardianes para cuidar a 2.200 reclusos que conviven allí peor que animales.
La cárcel Rodrigo de Bastidas, en Santa Marta, tiene capacidad para albergar 318 reclusos. En diciembre de 2016 se contaban 1.521 los internos recluidos allí.
Estas cifras sin duda son elocuentes, pero lo peor es estar allí viviendo esta nefasta realidad día a día, como les toca a los guardianes del Inpec, quienes tienen que lidiar con un monstruo de mil cabezas.
No hay que olvidar el episodio ocurrido el 27 de enero de 2014 en la cárcel Modelo de Barranquilla, donde un enfrentamiento entre internos, generó una gresca con un subsiguiente incendio que segó la vida de 17 reos, dejando a otros 37 heridos con diferentes grados de gravedad.
Y eso que se trata de una de las prisiones menos superpobladas de Colombia. Pero este hecho en particular, que vivimos tan de cerca los barranquilleros, debe servirnos de referencia siempre que se hable de la crisis carcelaria del país.
No queremos que se pierdan más vidas por situaciones similares o que las tragedias sean mayores. Hay reos con enfermedades graves y hasta contagiosas que no pueden ser apartados, hay quienes controlan a sangre y fuego los diferentes pabellones.
Se trata de un submundo al que la sociedad colombiana le ha dado la espalda de manera temeraria. No hay que tomar el tema a la ligera. Un debate amplio y unas acciones urgentes deben estar en la orden del día en las esferas de poder. No se puede aplicar la del avestruz, enterrando la cabeza. Esa no es la solución.

















