La educación como derecho constitucional

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Con la puesta en marcha del Nuevo Orden Jurídico y Político con la Constitución de 1991, se impone en Colombia un Nuevo Orden Educativo (NOE), lo que advierte cambios, ideas y transformaciones en el sistema educativo, y en la relaciones de la Educación con el Estado, la Sociedad y la Familia. Este NOE establece con base en la Carta Magna (art. 67) que la “educación es un derecho”, sin el plus, de considerarlo un derecho fundamental, para que a través de él, se garantiza una educación gratuita en todos los niveles educativos en instituciones educativas del Estado (desde el Preescolar hasta formación doctoral). Esto no fue apreciado por los constituyentes del 91, en especial, aquellos que tuvieron el encargo de redactar la temática educativa en este Texto Superior.

Esta “constitucionalización del derecho a la educación es un “Rey de burlas”, nada es mirar, por ejemplo, como el pasado 15 de mayo (2017) se presentaron casi 12 mil estudiante para aspirar a unos 3.200 cupos en la Institución de Educación Superior más importante de la región Caribe, como es la Universidad del Atlántico. En clase de Constitución Política y en Legislación Educativa, me he preguntado con mis estudiantes sobre esta situación, como una de las temáticas-problemáticas del Semillero de “Prácticas y Discursos Constitucionales y Legales en Educación”: qué tan de cierto es esa “ficción jurídica”, “la educación es un derecho”. Nuestros constituyentes del 91, faltaron a la realidad educativa: quienes aspiran a la entrada a universidades estatales, son estudiantes pobres, para decirlo, con la palabra de dolientes por la educación. Nos preguntábamos: qué herramientas constitucionales y legales podrían promover esos estudiantes que no entran en la “cobertura” de la educación superior, que no la hay; por qué en otras latitudes como México, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, la educación es un derecho fundamental. Por ello, sería altamente estimulante y pedagógico, poner a pensar a los jueces de la república, presentado un conjunto de acciones constitucionales y legales en procura de esta nutricia, que es la educación, para el desarrollo y fortalecimiento de la dignidad humana.

Para seguir y comprender la sustancia de esta transformación, se hace necesario adentrarnos en el estudio de las fuentes primarias del texto constitucional, para “pillar” qué aprobaron y como lo aprobaron los constituyentes del 91 al afirmar esta ficción jurídica del artículo 67: será un trabajo que hay que abocar con los estudiantes del Semillero, puesto que constituye una fuente eficaz. Se trata de una fuente histórica privilegiada, como la más real y significativa y, paradójicamente, es una burla que se les hace a nuestros estudiantes de bachillerato que buscan cupo en las universidades del Estado. A través de este juicioso análisis, se podrá identificar si en esos legisladores hubo la extraordinaria capacidad y sensibilidad de ofrecer una educación superior al pueblo, como “el primer deber del gobierno” como lo sentenciara el Libertador Simón Bolívar, “pillaremos” qué tanto estaban atraídos esos constituyentes por el mundo de la educación pública como política de Estado, en donde se un factor determinante de las dinámicas sociales y un escenario de las extraordinarias potencialidades de esta educación en favorecer la formación de un buen ciudadano.

Por lo demás, el irresistible ascenso del fenómeno de movilidad social a partir de la educación se sustentó al imponerse un sistema de “calidad de la educación” donde esta cuesta, y frente a ello, el Estado ha venido desfinanciando a las universidades estatales. La muestra, es que un alto porcentaje de las universidades con Reconocimiento Institucional de Alta calidad, lo mantienen las universidades privadas. Y esta desfinanciación obstaculiza la prosperidad de los estratos sociales olvidados de la mano estatal. Es esto, ciertamente el caso del sistema educativo colombiano, donde no existe una Política de Estado en Educación sino Políticas de Gobiernos.

En realidad, el surgimiento y desarrollo del NOE, y en especial, la constitucionalización del derecho a la educación (sólo para la básica y extendida a la media) debe extenderse a la educación superior, haciendo de la educación, no un simple derecho mendicante, sino un derecho fundamental, como lo prioritario del Estado Social de Derecho colombiano. Este sería un profundo cambio en la educación, si contara con este plus, particularmente muy significativo para la historia de la educación, y para su función pública, por lo menos bajo del siguiente punto de vista. Primero que nada, la elección del argumento: la educación es la única posibilidad real de movilidad y ascenso social de las clases desposeídas, sería el realismo constitucional colombiano, que no se dirija simplemente a enunciar la educación como un derecho, sino que este sea real. Y es precisamente, lo que habrá que hacerse pedagógicamente, cultivar para promover una cultura del derecho a la educación como derecho posible, real, oponiéndonos a la cultura de la ficción jurídica que consagra la Carta Magna en su artículo 67. Hay que aspirar a que la educación sea el primer deber del gobierno. Un muy buen ejercicio de reclamo de derechos constitucionales, podría ser, que los miles y miles de estudiantes que semestre a semestre no “pasan” a las universidades estatales pudiesen poner a pensar a la Corte Constitucional y los jueces constitucionales en materia de tutela, para resolver la efectividad real de esta ficción jurídica, y de paso cerrar brechas entre la Constitución Real y la Simbólica, como la preocupación dominante, como esa pasión, reflexiva y necesaria que hay que dar, en la apuesta por el establecimiento real de un orden social, justo y digno.

Para calificar la función de los fines (artículo 2 de la Constitución Política) de nuestro Estado Social de Derecho es determinante, que estos se materialicen, que sean posibilidades reales para los colombianos del montón. Esta es el caparazón real de la naturaleza de este Estado. Incluso se puede definir simplemente como que la “educación es el cultivo de los más preclaros valores y principios de la humanidad en todo ser humano”. Podemos dejar unos interrogantes: qué hacer frente a esta ficción jurídica, qué herramientas nos da la propia Constitución y los tratados internacionales para esta realidad educativa. Primero que nada, es necesario decir que debe hacerse prevalecer a la educación en nuestra Constitución desde los tratados internacionales, y segundo, el amarre del derecho a la educación con los derechos fundamentales establecidos en el Titulo II (artículos 11 al 40).

Esta perspectiva está circunscrita a la humanización de la Constitución Política de 1991, que es el mejor Código Axiológico que en la vida republicana ha tenido Colombia, que ha implicado un cambio social, vistoso y visible, pero que en materia de educación superior, este NOE sigue en deudas con los colombianos de a pie.

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