Las enseñanzas de una suspensión

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Hace dos días la Procuraduría General de la Nación determinó, a modo de medida cautelar, la suspensión de su cargo del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, mientras se adelantan las investigaciones para encontrar los responsables por el desplome del edificio Portal del Blas de Lezo II que dejó la lamentable pérdida de 21 vidas humanas.

El hecho ha despertado una verdadera polvareda social y política en la capital de Bolívar, porque no se trata algo nuevo. Allá se sabe lo que es vivir en el limbo administrativo, ya que en los últimos lustros gobernantes tanto de Cartagena como del departamento de Bolívar han sido duramente castigados por los organismos de control, en cumplimiento de sus funciones.

La decisión de la Procuraduría muestra con claridad las consecuencias que puede traer un descuido en las funciones de un servidor público, sometido a los controles disciplinarios, fiscales y penales de los entes competentes en cada caso.

Manolo, como se le conoce al mandatario, no fue quien construyó mal el edificio, no hizo maniobras truculentas para que todo terminara en tragedia, pero por omisión puede ser hallado culpable de conductas graves, si se tiene en cuenta que, según la misma Procuraduría, al menos 55 edificaciones se levantan en la capital de Bolívar sin cumplir con las normas de ley, poniendo en juego la vida de cientos de personas.

En una cadena de mando vertical, como el sector público, las cabezas tienen que pagar por las actuaciones de sus subalternos. ¿Quién falló? ¿Dónde radicó el problema? ¿A quién le tocaba hacer cumplir con las normas?

Son preguntas que se tendrán que despejar durante el transcurso de las investigaciones que se han abierto, pero de momento ha sido el alcalde el primero en pagar por lo que otros hicieron. Así es el ejercicio de lo público. Al fin y al cabo, es el alcalde quien decide de quién se rodea.

Con esta actuación en Cartagena, creemos que los entes de control del orden nacional, no solo buscan respaldar a un grupo de víctimas inocentes de una absurda tragedia que nunca debió ocurrir, sino que también están enviando un mensaje a los mandatarios elegidos por voto popular, en el sentido de que no son personajes blindados.

En Colombia ha hecho carrera una verdad no tan cierta, que una vez elegido, el gobernante pasa a ser un ser plenipotenciario, investido de un aura de grandeza y poder que lo hacen superior al resto de los mortales.

Pocos de ellos entienden que su verdadera labor es servirle a la comunidad que confió en ellos al llevarlos a sus cargos y con esa mentalidad obtusa, se sienten impunes a la acción de la justicia institucional que, valga decirlo, en Colombia funciona a medias, pero existe.

La Procuraduría al ejercer su función de Ministerio Público para disciplinar a los funcionarios públicos, está actuando dentro de sus competencias legales y no debe sorprender una decisión como la tomada contra el alcalde de Cartagena.

Ejemplo para quienes están sentados en sus sillones sin pensar en que la desbordada embriaguez de poder puede traer consecuencias funestas en guayabos de suspensiones, destituciones y hasta carcelazos.

Los ojos de esta sociedad no son los mismos de antes. Hay que hacer las cosas bien y al final el mandatario de turno es recompensado. Sin el ánimo de actuar como jueces de nadie, también hay que decir que cuando no se hacen bien las cosas, lo que puede venir es un llanto a destiempo que no soluciona nada.

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