Es tan grave el problema de la inseguridad reinante en Barranquilla y su área metropolitana, que resulta necesario recalcar cada día sobre este tema.
Sin embargo, es digno de destacar la reacción de las autoridades civiles de la ciudad y el departamento, en el marco de los recientes Consejos de Seguridad convocados para analizar los hechos delictivos que se han venido suscitando en los últimos meses en nuestra ciudad, actitud que la policía debe considerar de justa, porque equivale a darle la razón a la ciudadanía que diariamente padece los rigores del preocupante incremento de la criminalidad.
Lamentablemente y por centésima vez las circunstancias obligan a referirnos a la inseguridad que ha golpeado durante varios años a los habitantes de Barranquilla y su área metropolitana.
El aumento de los asesinatos, que las autoridades explican en alguna medida como de diversos móviles, sobre todo los crímenes que suceden a diario en las calles y que afectan a los ciudadanos de todos los estratos, son los que tienen en jaque a la Policía.
Definitivamente la seguridad sigue siendo un tema sensible en el departamento del Atlántico y especialmente en Barranquilla, urbe que siempre se había caracterizado por ser una ciudad tranquila, sin embargo en los últimos meses muchos hechos han alterado notablemente esa percepción de seguridad.
Y no es para menos, ya que se trata de casos donde se registran altos niveles de violencia y osadía por parte de los delincuentes, los casos van desde el robo de locales comerciales, balaceras en los cuatro puntos cardinales –como la ocurrida el miércoles en la calle 93 con saldo de tres personas muertas a bala– el hurto de vehículos y hasta el sicariato a plena luz del día, en que los autores abandonan la escena del crimen a pie y sin prisa, incluso caminando con el arma en la mano, tal como lo hemos relatado oportunamente en nuestra Crónica Judicial.
El impuesto a la seguridad sigue siendo vital en la lucha contra la delincuencia, es la cuota de responsabilidad que asume la comunidad para darle herramientas a la administración distrital para combatir el hampa; precisamente por eso la comunidad considera que es urgente mostrar más resultados.
Tanto la Policía como las autoridades administrativas así lo deben entender, por aquello que no solo están en el deber constitucional de hacerlo, sino que tienen la obligación moral frente a todos los contribuyentes, que para eso pagan cumplidamente el gravamen.
No podemos dejar a un lado los delitos menores que ocurren diariamente, como el robo de bolsos, billeteras y celulares, cadenas o asaltos a residencias donde por lo general nunca se determina el responsable porque las capturas terminan en nada, gracias a un sistema penal demasiado flexible.
Todo esto ha llevado a la ciudadanía a cuestionar los programas de seguridad que han implementado las autoridades en esta sección del país y sobre todo en la capital del Atlántico.
Es importante que se estudie con detenimiento el resurgimiento de las llamadas pandillas juveniles, que nacen muchas veces como consecuencia de la miseria que agobia un gran porcentaje de la población asentada en los barrios periféricos de Barranquilla, o quizá sea el resultado de migraciones de bandas delincuenciales procedentes de otras regiones cuyos componentes en el pasado fueron integrantes de grupos al margen de la ley que están influyendo en la juventud barranquillera.
Por esta razón el reto de la seguridad es grande y requiere acciones coordinadas y conjuntas por parte de todos los estamentos sociales del Distrito y el departamento. No se trata solo de un problema policial o del alcalde Char, es algo que nos compete a todos.

















