Corte ordenó proteger a prostitutas venezolanas que trabajan en Colombia

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La Corte Constitucional, ordenó proteger el derecho al trabajo de las mujeres venezolanas que por alguna razón han migrado hacia Colombia buscando mejorar su condición de vida y trabajan como prostitutas.

La Corte dice que la prostitución no es una labor restringida por lo que considera que el Estado debe proporcionar visa de trabajo a quienes “deciden desempeñarse como trabajadoras sexuales, Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo deberán velar y vigilar “ la consecución de las visas de trabajo y otros documentos que les permita laborar de forma legislar”

Las decisiones se tomaron al fallar una tutela en favor de la dueña de una taberna ubicada en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, en la que laboran 4 venezolanas como trabajadoras sexuales.

La taberna tiene 80 años de tradición

Tras una intensa pelea judicial que comenzó hace más de dos años, la dueña de una taberna que desde hace ocho décadas ofrece servicios sexuales en Chinácota.

El litigio comenzó a finales del 2014, cuando la Policía impuso una multa contra la taberna Barlovento –que en esa época se llamaba El Viejo–, porque la estructura en la que funcionaba estaba a punto de caerse y ponía en riesgo la vida de las 15 prostitutas del establecimiento.

Entonces Nelcy Esperanza Delgado Ramírez, dueña del prostíbulo, tuvo que trasladarlo a dos cuadras, en una casa que era de su fallecido esposo Efrén Miranda, edificio que está en el corazón de Chinácota.

La decisión causó indignación en el pueblo y en febrero del año pasado Nubia Rosa Romero Contreras, alcaldesa de Chinácota, ordenó su cierre definitivo.

La Alcaldía alegó que en la nueva localización no cumplía con el certificado de uso de suelos porque está a una cuadra del parque principal de Chinácota, a 100 metros de una escuela, a dos cuadras de la iglesia principal, una zona de interés histórico y residencial.

La dueña del prostíbulo presentó una tutela en la que afirmaba que se le estaba vulnerando a ella y a sus colaboradoras el derecho al trabajo. Contó, además, que nunca había tenido problemas con el prostíbulo que sus padres, Rafael Delgado Castillo y Carmen Alicia Ramírez Ibáñez, fundaron en 1935.

En una primera decisión un juez de Chinácota falló en su contra pero la Corte Constitucional ordenó reabrir la taberna, al considerar que la Alcaldía omitió regular las actividades de alto impacto en el municipio, por lo que de todas maneras Delgado no habría tenido dónde ubicar su negocio, lo que va en contra de sus derechos. 

La Corte le dijo a Delgado que solo puede abrir las puertas de Barlovento por las noches para no afectar a los estudiantes y le exigió una serie de medidas, como afiliar a las trabajadoras al sistema de seguridad social, salud y pensión. 

“No hay palabras para describir la indignación del pueblo. Este es un municipio turístico y ese fallo afecta nuestra tranquilidad. Ya lo habíamos cerrado y ahora la Corte nos dice que toca abrirlo”, respondió indignada la alcaldesa.

Para la alcaldesa, la Corte abre la puerta a que el pueblo y Colombia se llene de mujeres venezolanas que con el pretexto de trabajar como prostitutas entrarán al país.

Para ella es paradójico que mientras la Corte le niega los derechos a las madres comunitarias, sí le reconoce derechos a las prostitutas venezolanas.

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