Cuando un contratista participa de una licitación o firma contratos con el Estado ofreciendo sus servicios busca obtener beneficios económicos como compensación, así mismo el Estado para su buen funcionamiento, esto permite cumplir obligaciones que llenen la expectativas de los asociados, que es permitido por la constitución, el reconocimiento a la propiedad privada, la libertad de asociación y de crear empresa estipulado y reconocido en la Carta Magna, y protege el interés del contratista y a la vez lo justifican.
El artículo 27 de la Ley 80 de 1993, aclara que se debe tener correspondencia o equivalencia entre los deberes y obligaciones implícitas en el contrato y cuando se rompe esa correspondencia o equivalencia por hechos o causas no atribuibles a la parte afectada, eso hace necesario que se tomen medidas para su restablecimiento, con el fin evitar onerosidad que el contratista cumpla con obligaciones, dando el equilibrio económico al que se refiere el artículo 27 de la ley mencionada.
En la definición del equilibrio económico de los contratos estatales, se puede comenzar con la doctrina francesa ya que existen numerosas nociones de equilibrio económico o financiero del contrato, entre los que se destacan el Dr. Jean Rivero (1980); señala en primer lugar que la función administrativa se ejerce en interés de toda la colectividad, por lo que si de este ejercicio resultase un daño para unos pocos y no se les repara, se vulneraría sus derechos por causa de toda la colectividad; y nada justifica tal discriminación, solo la reparación de dicho perjuicio restablecer el equilibrio roto con dicho ejercicio.
Ahora bien, durante la ejecución del contrato de obra pública se podrían generar factores que obstaculizan el equilibrio económico del mismo y producen contraposición en los principios jurídicos, que puede hacer los mecanismos previstos en la ley y la doctrina. En la Constitución Política de 1991 en su artículo 90 da la cláusula de responsabilidad del Estado, el cual responderá patrimonialmente por daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción u omisión de las autoridades públicas.
El mantenimiento de la ecuación económica y financiera del contrato obedece, más que a una consagración legal, a los preceptos constitucionales de Colombia, como un Estado Social de Derecho. Con su observacia se están poniendo en práctica los fundamientos del respeto al trabajo, la prevalencia del interés general, el respeto a la igualdad, a la propiedad privada y la obligación del Estado de responder patrimonialmente por los daños causados entre otros. A contrario sensu, su desconocimiento implicaría el desconocimiento mismo de los valores en los que está fundada nuestra sociedad.
La utilización de medidas justificadas en el desequilbrio financiero del contrato se ha generalizado a tal punto que ha producido situaciones injustas y desproporcionadas para el Estado, que resultan contrarias a los principios que rigen el contrato. Esta situación es aún más preocupante si se tiene en cuanta que ha menguado el rigor para definir lo imprevisible y bajo esta figura se aceptan, sin mayor análisis, eventos como la inflación, que es una constante en los países en vía de desarrollo como el nuestro, o como la variación de condiciones climáticas, que son comunes a los países de la franja ecuatorial.
Abogado egresado de la Universidad Libre
Especialista en Derecho Público egresado de La Universidad del Norte
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre
Aspirante a Maestría en Derecho Ambiental y Urbano Territorial de la Universidad del Norte

















