Para definir lo que significa la transparencia como tal, es preciso aclarar que en el grado de principio ha de tomarse al interior del campo de la Contratación Estatal, como un patrón de actuación permanente por parte del Estado Contratante; en tal medida, es necesario evaluar el campo de acción que sobre este mismo principio ofrece el Estatuto de la Contratación Administrativa.
La importancia de la contratación pública en la época actual constituye un hecho notorio que no requiere mayores sustentaciones. Basta una mirada al cúmulo de funciones que despliega el Estado a través de los contratos para encontrar que una buena parte del presupuesto para gastos de inversión y de funcionamiento está reservada a la actividad contractual. En consecuencia, dado su origen en el patrimonio público y su finalidad dirigida a la satisfacción de necesidades de interés general, todas las actividades en torno a las cuales se desenvuelve la contratación pública son eminentemente regladas.
Los contratos de las entidades públicas en la legislación colombiana están sometidos a un riguroso control previsto desde la Carta Política cuando en el último inciso del artículo 150, atributivo de las funciones del Congreso, dispone: “Compete al Congreso expedir el estatuto general de la administración pública y en especial de la administración nacional”; en desarrollo del citado precepto constitucional y regida por la Ley 80 de l993.
La Corte Constitucional (Sentencia C – 400 del 2 de Junio de 1999), al estudiar la constitucionalidad de algunas de las aplicaciones de este principio, tuvo oportunidad de comentar en qué casos se ve materializado, detallando su función, así, determinó que la aplicación y función del principio de transparencia es garantizar la imparcialidad y objetividad al seleccionar a los contratistas.
De acuerdo con la jurisprudencia, la Ley 80 de 1993 contiene los principios y reglas esenciales para la contratación pública, establece los parámetros generales para acometer esta actividad por parte de las entidades públicas y consagra los mecanismos de selección que les permiten la escogencia del mejor ofrecimiento para el cumplimiento de los fines que con ella se persiguen en procura de la obtención del bienestar general, cuya observancia resulta obligatoria para el adecuado funcionamiento del Estado en esta materia, pero no agota el tema de la contratación celebrada por las entidades del Estado, ni su vigencia impide el señalamiento, en otras leyes, de asuntos referentes a los contratos celebrados por los entes públicos.
En la Sentencia C- 818 de 2005 de la Corte Constitucional habla de los principios que forman parte en la teoría del derecho se reconocen a los principios y a las reglas como categorías de normas jurídicas. Ambas se suelen clasificar dentro de dicho concepto pues desde un punto de vista general (principio) o desde otro concreto y específico (regla) establecen aquello que es o debe ser. Así las cosas, tanto los principios como las reglas al tener vocación normativa se manifiestan en mandatos, permisiones o prohibiciones que delimitan y exigen un determinado comportamiento.

















