Gobierno niega hostigamiento y expropiación de Electricaribe

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La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, indicó que palabras como nacionalización, hostigamiento o expropiación no se ajustan a la decisión tomada por el gobierno colombiano, en el caso Electricaribe.

En un publicación del diario El País de Cali, la funcionaria dijo que estas calificaciones son injustas frente a la política y la tradición de respeto de la ley y la seguridad jurídica que caracterizan a Colombia y que la han convertido en destino preferido de inversionistas internacionales y, en particular, de españoles. Un total de 419 empresas españolas están hoy instaladas en territorio colombiano, precisó.

Considera la Ministra que se ha acudido a la desinformación mediática y a amedrentar las tradiciones colombianas por el respeto a las reglas de juego acordadas, ello en contrasentido al reconocimiento internacional del país por poseer un excelente ambiente para los negocios, un entorno seguro, democrático y de estabilidad macroeconómica.

La jefe de la cartera de comercio, industria y turismo, dijo que ante las acciones de Gas Natural Fenosa el Estado colombiano presentará en los tribunales una defensa decidida, contundente y respetuosa, con la fuerza, la convicción y la resolución que le dan saberse del lado de lo justo, de lo legítimo y de lo legal. La multinacional española reclama mil millones de euros por la liquidación de su filial Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La demanda la presentó ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral).

Agrega la Ministra Lacouture que a la liquidación de Electricaribe se llegó tras un riguroso análisis técnico que evidenció la incapacidad de la empresa para prestar el servicio público con la continuidad y calidad debida, así como una grave situación financiera que podía llevarla a una cesación de pagos.

Aseveró que en Colombia todos los inversionistas —sin excepción—, nacionales y extranjeros, tienen derecho a llevar sus diferencias con el Estado ante la justicia nacional en las mismas condiciones. Además, el país cumple 15 acuerdos internacionales de inversión que pueden ser invocados en caso de conflicto. “Respetamos las instancias internacionales de arbitraje y acudiremos donde seamos convocados, con argumentos jurídicos, a defender nuestro comportamiento”, puntualizó la Ministra Lacouture.

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