
El inicio de la audiencia de la etapa probatoria que debía adelantarse ayer, en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barranquilla, por la muerte del director del Instituto de Medicina Legal, Eduardo Pinto Viloria, donde es acusada Dayana Jassir De la Hoz, se vio nuevamente aplazada hasta nueva orden.
En esta audiencia que debía incoarse ayer en horas de la mañana, se vio suspendida debido a que el exmagistrado y abogado de la defensa, Julio Ojito Palma, recusó al juez de conocimiento, por considerar que estaba contaminado jurídicamente para seguir conociendo del proceso de Dayana Jassir, ya que el funcionario había participado en el preacuerdo que se hizo con otro de los procesados, por los mismos hechos.
De acuerdo a lo manifestado por el profesional del derecho, el juez debe declararse impedido porque fue la persona que conoció del preacuerdo realizado por la Fiscalía con alias ‘Ñeco’. Ante esta postura, la Fiscalía se pronunció manifestando que la vista pública debía continuar, lo mismo manifestó el representante de víctima y que esta audiencia no debía seguir dilatándose más.
El juez al no aceptar la recusación procedió a enviar el proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, donde los magistrados en lo penal deberán desatar el recurso, por lo tanto hasta que el mismo no sea resuelto, la audiencia preparatoria quedará en suspenso.
Cabe recordar que la audiencia anterior se vio suspendida nuevamente porque el abogado Julio Ojito Palma pidió el aplazamiento para estudiar el caso, para lo cual pidió un término de 90 días, a lo que el representante del Ministerio Público se opuso y le pidió al juez que se le dieron 45 días calendario, a la luz del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, a lo que el juez accedió y se programó la vista pública para ayer 4 de abril de 2017, a las 8:30 de la mañana.
Los hechos, los cuales ocurrieron el pasado 4 de mayo de 2016, en su casa del barrio Cevillar de Barranquilla, el juez único especializado con funciones de conocimiento condenó a los señores Johan Beltrán Ulloque, Miguel González Reales y Jesús Gutiérrez Arrieta, a la pena de 19 años y 6 meses de prisión.
En junio de 2016, los señores Beltrán Ulloque, Gutiérrez Arrieta y González Reales aceptaron los delitos de hurto calificado y agravado, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego, que les imputó el fiscal 26 de la URI, Carlos Newball.
Los hoy condenados realizaron un preacuerdo con la fiscalía y obtuvieron un descuento de hasta el 50% de la pena.


















