
Un incidente de desacato será presentado por los jubilados de la Universidad del Atlántico contra el Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Administrativo por el incumplimiento de un fallo de acción popular del 05 de octubre de 2012, en el que se confirma la obligación de devolver los recursos dejados de girar por cuenta del Convenio de Concurrencia impuesto a la universidad. De acuerdo a los jubilados, el Ministerio de Hacienda se niega a cumplir la decisión judicial de concurrir con el 83.9% del valor de la nómina.
“Al leer los fundamentos de la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, es evidente que la imposición de dicho convenio de concurrencia, no sólo fue ilegal, sino además que se hizo con el firme propósito de convertir a la Universidad en un laboratorio para la aplicación de un modelo de marchitamiento y liquidación de una institución superior pública”, subrayó Ubaldo Enrique Meza Ricardo, ex rector de la Universidad del Atlántico.
Al respecto, señala el Tribunal: “De acuerdo con los medios de prueba obrantes en el proceso mediante dictamen pericial, se pudo constatar que en el contrato de concurrencia, la Nación, el Departamento y la Universidad, sin medir justificación alguna, no está reconocido lo ordenado por el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, porque no incluyeron la totalidad del pasivo pensional a cargo de la Universidad ni ha contabilizado la totalidad de las pensiones que fueron reconocidas y otorgadas en legal forma, mediante actos administrativos vigentes y con presunción de legalidad”.
El ex rector de la Universidad del Atlántico, aseguró que tampoco están contabilizados en el contrato de concurrencia el valor de las pensiones, tal como fueron otorgadas, sino que las están incluyendo en menor cuantía, de las que legalmente se reconocieron, lo que también afecta la concurrencia total de las obligaciones de los entes que se demandan. Para la sala, al igual que el a quo no queda duda, entonces, que el cálculo actuarial y las proyecciones financieras sujetas de la concurrencia, no se incluyeron todas las pensiones reconocidas por la Universidad del Atlántico, como lo acepta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
“Los organismos de control, tanto en materia fiscal, disciplinaria y penal, en los cuales coincidieron en reafirmar la legalidad de las pensiones por cuanto la Convención Colectiva continúa vigente y los beneficiarios de las mismas tenían derechos adquiridos protegidos por el ordenamiento jurídico, por lo que las decisiones de quienes firmamos dichas pensiones se ajustaron a derecho”, dijo Meza Ricardo.
Por su parte, Jorge Salazar, tesorero de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico, (Asojua) coincidió en que las pensiones son legales porque todas fueron demandadas y el Consejo de Estado a fallado favorablemente 300 y 300 más están en tramite.
Cabe recordar que la deuda el Ministerio de Hacienda para pagos a jubilados de la Universidad del Atlántico producto del fallo de acción popular asciende los $ 700 mil millones. “En la medida en que ese dinero se libere se cumplirán con los compromisos e inversiones en materia académica para lograr la acreditación de alta calidad. “Sin dinero no puede haber acreditación”, dijo Salazar.
“El Ministerio de Hacienda, ha sometido a nuestra alma mater con el ya superado convenio de concurrencia, que la llevó a la quiebra con la Ley 550, así como a la ingobernabilidad, al debilitamiento institucional, al raquitismo académico y al borde del cierre de la Institución, por lo que debemos cerrar filas en defensa de la dignidad de la Universidad, su estabilidad institucional, la recuperación financiera y retomar el rumbo académico”, agregó Meza Ricardo.















