Cuando la Asamblea Constituyente Colombiana se reunió comenzó a dar grandes cambios en muchos conceptos entre ellos de pasar de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, dando el resultado de un resultado una Constitución de orientación social, donde las personas son la base fundamental para el Estado, siendo este como el centro y buscando la finalidad en una acción estatal.
Cuando surge la responsabilidad patrimonial del Estado trae como consecuencia de actividades administrativas ilícitas dentro de los daños causados por la administración pública lo cual corresponde, ante la ausencia de obligaciones legal, tanto de lo dañado, soportar el daño, lo cual corresponde al Estado justificando y dando origen a la responsabilidad patrimonial, basado con fundamentos jurídicos que se encuentra en la constitución en su artículo 90.
La disposición establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, como puede observarse la Norma no excluye ni contempla excepción alguna, por lo que la jurisprudencia constitucional y administrativa ha entendido que ningún órgano del Estado, bien sea que haga parte del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, está exento de responder patrimonialmente cuando cause un daño antijurídico.
La responsabilidad del Estado sufrió una evolución muy importante, ya que si bien inicialmente no se reconoció responsabilidad del Estado en virtud del poder soberano y absoluto del gobernante, ante el surgimiento de una mayor intervención del Estado para la realización de sus fines, causaba perjuicios a los ciudadanos, imponiéndosele la carga y deber de ser reparados. El intervencionismo del Estado se constituye así en la fuente que permitió administrar la responsabilidad extracontractual del Estado.
Entre las principales obligaciones que se desprenden del ordenamiento jurídico se destaca el deber para toda autoridad pública de respetar la supremacía de la Constitución Política. Como bien es sabido el poder legislativo, representado a través del Congreso de la República, le está vedado incurrir en comportamientos que sean contrarios a los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho, quedando supeditado a los pronunciamientos de la Constitución y la ley. Es claro entonces cuando en desarrollo de la actividad legislativa se producen daños, con el calificativo de antijurídicos, se compromete, como ya se ha dicho, la responsabilidad del Estado de acuerdo a la cláusula general de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la Constitución. Conforme a este razonamiento, las leyes dictadas por el Congreso no pueden desconocer situaciones jurídicas consolidadas ni derechos adquiridos, así como tampoco le es posible imponer monopolios a favor del Estado o reservarse el derecho de la prestación de un servicio público, sin que se esté en busca de un interés general y medie el pago de una indemnización justa que permita resarcir los daños causados.
Abogado egresado de la Universidad Libre
Especialista en Derecho Público egresado de La Universidad del Norte
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre
Aspirante a Maestría en Derecho Ambiental y Urbano Territorial de la Universidad del Norte
















