No debiera escapar a la ciudadanía la enorme importancia que reviste para Barranquilla y el Atlántico la implementación de los mecanismos de participación ciudadana en aquellas decisiones que afectan a la comunidad, las cuales se encuentran plasmadas tanto en nuestra Carta Magna, como en la ley.
Con el fin de que se cumpliera de ese compromiso de vieja data y para ratificar como prioritario el principio de la democracia participativa, fue expedido el Decreto Ley 2629 de 1994,que creó un Fondo para la Participación Ciudadana.
Como recordaremos, en una primera etapa dicho Fondo desarrolló acciones encaminadas a que la ciudadanía, en forma masiva, se enterara de la existencia de los mecanismos de participación ciudadana, conocidos muy superficialmente por la mayoría de colombianos.
La iniciativa popular ante las corporaciones públicas, que no es otro que el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de Acto Legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanzas ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdos ante los Concejos Distritales o Municipales y de Resoluciones ante las Juntas Administradoras Locales. Así mismo, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto son mecanismos muy poco practicados por los colombianos.
Para nuestro concepto la participación ciudadana debe ir más allá de que la comunidad sea parte activa en los debates electorales, esto implica que esa misma comunidad se constituya en el motor de la construcción del país.
Como se sabe, los colombianos ostentamos una democracia participativa, en la que todos los ciudadanos pueden ser partícipes de las decisiones que enruten a Colombia, a través de los mecanismos antes referenciados.
Lo paradójico de esto es que en todo el tiempo transcurrido, desde la promulgación de la Constitución que hoy nos rige hasta nuestros días, no existe una ley, Ordenanza o Acuerdo que tenga su origen en la iniciativa ciudadana.
El tema, no es nada fácil, sencillamente porque el ciudadano común no está acostumbrado, ni lo suficientemente informado, para adelantar este tipo de iniciativas. Se desconocen los derechos y muchas veces es al mismo Estado al que no le interesa que se sepan, posiblemente por aquello de que a mayor participación, mayor grado de exigencia.
La participación ciudadana debe ir más allá de convertirse en un simple sufragante activo el día de elecciones, pues el concepto exige que se haga presencia en las acciones ya enumeradas.
El fenómeno que estamos viviendo es que en la medida en que el Estado suple las necesidades básicas de la ciudadanía, la participación disminuye y en esa forma la comunidad se relega en la medida que se le cumplan sus necesidades mínimas para subsistir, pero no ha tomado conciencia de que cada uno es ciudad y que de su nivel de participación se verá el resultado de lo que como país podrá disfrutar en el futuro del respeto por sus derechos y del cumplimiento de la Constitución y la ley.

















