La reglamentación del Sistema General de Seguridad Social en Salud sigue siendo uno de los temas de palpitante actualidad en Barranquilla y Colombia. En forma permanente, afiliados y beneficiarios se ven en la imperiosa necesidad de interponer Acciones de Tutela para presionar la prestación de servicios médicos e incluso el suministro de medicamentos.
Mientras esto sucede los distintos actores privados y públicos del sistema se cruzan señalamientos y culpas, lo cierto es que el mayor perjuicio lo sufren los pacientes y sus familiares por falta de claridad, sin que las autoridades entren a dilucidar este asunto en medio de un maremágnun de interpretaciones en los despachos del gobierno.
Según un sondeo de nuestra Unidad Investigativa, más de la tercera parte de las tutelas en el país se han interpuesto para reclamar aspectos relacionados con la salud.
También se encontró que la tercera parte de las tutelas se instaura contra las entidades de aseguramiento que administran el régimen contributivo y subsidiado, es decir en su mayoría contra las Empresas Promotoras de Salud (EPS), gran parte de los recursos de amparo solicitan exámenes clínicos, medicamentos y cirugías.
Si se analiza lo advertido por nuestra Unidad Investigativa, las razones que exponen la EPS, lo que consideran es que existe un vacío normativo inexplicable en todo el sistema de aseguramiento en salud, sobre todo en relación con los contenidos que deben ser definidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
Más allá de la pelea de artículos e incisos que cada uno de los actores del sistema trae a colación para defender sus tesis y posiciones, la verdad es que hay procedimientos médicos que no se estipulan debidamente, lo mismo que no se precisan los medicamentos, prótesis, elementos quirúrgicos y hasta las tecnologías que se requieren para implementarlos o seguir el tratamiento respectivo.
Mientras ello no ocurra la “tutelitis” seguirá reinando en el sistema de aseguramiento en salud y establecer las correcciones al modelo, cuál es el costo de las tecnologías, medicamentos y procedimientos médicos y si es necesario aumentar el valor del llamado copago, son problemas que deben ser analizados urgentemente.
Lo cierto es que el sistema necesita un reajuste de doble vía; de un lado hay que definirlo con la máxima exactitud posible, para que las EPS sepan a qué atenerse y de otro debe existir una voz unificada en el Gobierno para saber cuáles son las directrices exactas.
Una vez establecido lo anterior, las EPS tendrán que hacer los ajustes correspondientes en la absorción de la demanda y adecuar los servicios médicos. Mantenerse en un rifi-rafe permanente, sin que el Estado y los prestadores de los servicios definan el norte a través del Consejo de Seguridad Social, es perder tiempo en aquello que necesita soluciones inmediatas e irreversibles.
















