No ganar demanda por Electricaribe pondría a Colombia en una grave situación financiera

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La compañía española Gas Natural Fenosa presentó la tan anunciada demanda contra Colombia para ser indemnizada con 1000 millones de euros por la intervención y liquidación de Electricaribe, su filial en Colombia.

Según un análisis de la abogada Carolina Solano, el éxito de la demanda interpuesta por Gas Natural Fenosa dependerá de la capacidad del Estado colombiano de defenderse y demostrar que en este caso las medidas emprendidas por la Superintendencia de Servicios Públicos si bien llevan a la liquidación de la empresa inversionista y a la privación del uso y goce de la inversión y expectativas futuras, resultan ser un acto legítimo y plenamente justificado. Por esta razón no habría lugar a compensar o indemnizar de ninguna manera al inversionista.

Sostiene que en concreto la defensa del Estado Colombiano tendrá que centrarse en demostrar que:

1.Electricaribe no estaba en condición financiera ni operativa de continuar prestando el servicio encomendado con lo cual se materializa el riesgo de la suspensión en la prestación de este servicio público esencial.

2. Que las razones que dan lugar al no funcionamiento son imputables exclusivamente a Electricaribe y por ende a su inversionista.

3. Que la legislación colombiana nunca fue modificada durante la concesión otorgada a Electricaribe así que el inversionista la conoció antes de realizar la inversión y se obligó a prestar el servicio bajo ciertas condiciones que posteriormente incumplió.

4. Que las medidas adoptadas por el Estado colombiano no fueron discriminatorias ni se impusieron en consideración a la nacionalidad del inversionista. Es decir se respetó el principio de trato nacional.

5. Que en la decisión de intervenir y liquidar Electricaribe se respetó el debido proceso garantizándose así el derecho del inversionista de recibir un nivel mínimo de trato justo y equitativo.

“Este seré el quid del litigio que por intereses fiscales de la nación conviene que gane. No hacerlo pondría a Colombia en una grave situación financiera y buscar recursos inexistentes”, indica el análisis.

Para entender esta crisis desatada y otros casos aun no tan sonados pero igualmente peligrosos para los intereses y finanzas nacionales Solano manifiesta que primero hay que recordar que en el año 2000 Colombia se propuso internacionalizar su economía y para ello debía ofrecer seguridad jurídica para atraer y aumentar la inversión extranjera, y debía buscar acceso preferente de nuestros bienes y servicios a otros mercados para aumentar las exportaciones.

Esto obligó a que Colombia emprendiera la celebración de tratados de protección recíproca de inversiones (APRIs por su sigla en español y BITs por su sigla en inglés) y tratados de libre comercio (TLCs).

Como resultado de este ejercicio, Colombia tiene acuerdos de protección de inversión con una multiplicidad de países divididos en seis APRIS y el resto en capítulos de inversión celebrados dentro un TLC. Colombia ha celebrados estos acuerdos con países tales como España, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, países que dan origen a la mayor fuente de inversión extranjera recibida por nuestro país.

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