
La intervención que adelantó el Gobierno colombiano a la empresa Electricaribe, de propiedad de Gas Natural Fenosa, no es una expropiación ni una nacionalización. El Estado tiene la obligación de garantizar la prestación de un servicio esencial a los colombianos.
Así lo explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, luego de que la empresa española oficializara su demanda ante la Comisión de Arbitraje de las Naciones Unidas, y señaló que Colombia está preparada para asumir este proceso.
“El Gobierno está garantizando la prestación de un servicio esencial y necesario para los colombianos y como tal está actuando en derecho. Venimos preparándonos desde hace ocho meses para este proceso, hemos adelantado un trabajo para tener una defensa contundente”, explicó.
Después de analizar varias propuestas, el Gobierno eligió a la firma estadounidense Sidley Austin, que tiene representación en varios países, y ha tenido a su cargo diferentes controversias internacionales, para llevar este proceso ante los organismos internacionales.
Reiteró que Colombia es un país garante de la inversión extranjera y respetuoso de las normas que en esta materia están vigentes.
















