En manos de los corruptos

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El adoctrinamiento inmoral de los corruptos ha calado en vastos sectores de Colombia. La violación de la normatividad constituida para el buen funcionamiento de las instituciones ha sido una infame acción para el enriquecimiento fácil. El narcotráfico construyó, en la historia reciente, una base de ilegalidad que logró penetrar en las vulnerables conciencias de los que han desafectado sus principios por hacer y posibilitar el mal. Y para desgracia, los partidos políticos y muchos de sus cuadros más representativos cedieron sus convicciones ideológicas ante el empuje violento y millonario del nuevo poder.

Combatido el narcotráfico como lo hemos podido conocer mundialmente, a pesar de no haber sido erradicado, ya es poca la atención que le despierta a los inspiradores de la catastrófica politiquería colombiana. Retomando los antecedentes indebidos para el manejo nada pulcro de los dineros públicos y privados por un mejor país, el erario se convirtió, una vez más, en el trofeo a alzar en el campeonato nacional e internacional de la deshonestidad, pero haciendo creer, por medio de los diversos conductos periodísticos, que todo está bajo el control de la pureza administrativa. El cuello blanco los identifica.

Cuantificar con exactitud los pesos robados por la maldita corrupción es difícil. Una aproximación ha aportado el contralor general, Edgardo Maya, al calcularlos en unos 50 billones anuales. Para la Procuraduría, entre tanto, la corrupción le cuesta al país el equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos 32 billones de pesos al año. De acuerdo con esos elevados rubros, son cuantías muy cercanas a la inversión de la Nación en el presente año. La Sociedad Colombiana de Economistas (SCE) también ha considerado el último dato como fiable, de acuerdo con sus investigaciones realizadas en el decenio comprendido entre 1991-2000.

Para que los colombianos tengamos una idea de la fatídica corrupción, la SCE ha precisado que con esos dineros robados a las arcas nacionales serían más que suficientes para pagar el servicio de la deuda de la Nación en 2017, como también para construir dos o tres líneas del ansiado metro en Bogotá o aliviar, en gran parte, las muchas necesidades que pesan en los frentes sociales de salud, educación, infraestructura, deporte y recreación. Los descarados delincuentes del Estado con caras de “yo no fui”, encuentran en los contratos la mina de oro para sus ilícitos enriquecimientos.

Al exigir una coima fluctuante entre el 10 y el 25% del valor de los contratos, si uno de ellos es de 10 billones de pesos, la cadena delictiva de los “honorables” agentes gubernamentales recibirá, sin mayores alarmas, entre un billón y 2.5 billones de pesos, según el monto de la coima pactada. Y como los contratistas no son unos pendejos, encarecen los costos de las obras que pagamos los consecuentes tontos de este bendito país de Dios. Aunque en la actual coyuntura las autoridades fiscalizadoras de lo público han encendido sus alarmas, es mucho lo que falta para poner en la cárcel a tantos delincuentes.

Fortalecer los entes de control es inminente para que se haga un buen uso de los recursos públicos. Por otro lado, también es perentorio iniciar las reformas que necesita el actual sistema judicial. Y, sobre todo, que nuestra educación no solo forme personas capacitadas para sus opciones laborales, sino que, aunado a ello, sean formados verdaderos ciudadanos, con alto espíritu democrático, en su desarrollo humano. La caterva de corruptos que hoy conocemos, como los que son prófugos por este imperdonable hecho moral, han sido malformados para la vida pública en prestigiosas instituciones educativas.

Así, en un futuro ojalá no lejano, podríamos tener unos presidentes de la República confiables y prestantes. No a esos amigos de mafiosos y de funcionarios inmorales con alta capacidad para elegir, como ha sucedido últimamente. Miremos hacia otras opciones, donde no haya corruptos ni violentos. Que si los hay. Analicemos.

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