Ante la preocupación por el crecimiento del consumo de drogas entre los jóvenes, un grupo de congresistas anunció que insistirá ante el Congreso de la República sobre la necesidad urgente de tramitar y aprobar un proyecto que permita imponer sanciones más severas a los expendedores de marihuana, bazuco y cocaína, que amparándose en la denominada dosis personal, están influyendo en nuestros jóvenes.
Hoy en día la mayor preocupación con la juventud colombiana es el crecimiento del consumo entre adolescentes, estimulado por la impunidad que representa para los distribuidores de esta sustancias.
Este fenómeno cada día se constituye en motivo de preocupación por parte de padres de familia y educadores que claman ante el Senado y la Cámara, para que se apruebe un Acto Legislativo que permita castigar severamente a los microtraficantes que han influido en la juventud para convertirlos en consumidores, así se trate de pequeñas cantidades.
Una de las razones que debería mover a nuestros parlamentarios, para buscar el endurecimiento de esa sanción, es el hecho fehaciente que los expendedores capturados por la Policía, en la actualidad, deben ser puesto en libertad por los jueces de garantías, simplemente por estar amparados por la norma constitucional que los protege.
Como recordaremos, un proyecto anterior pretendía penalizar el porte y consumo de drogas y sustancias que producen dependencia, se hundió por la falta de quórum en la plenaria del Senado.
El argumento que esgrimieron los enemigos del proyecto, es que los consumidores habituales de sustancias alucinógenas, son por lo regular personas enfermas que deban ser tratados como tales y no como simples delincuentes y que lo que se necesita –según ellos– no es una norma que castigue a los consumidores, sino el apoyo de instituciones y programas que los ayude a salir del problema y los rehabiliten.
Lo que sucede, es que detrás de la figura de la dosis personal se están escondiendo verdaderos profesionales del vicio, que aprovechando la autorización constitucional tienen productivas empresas al servicio del comercio y el consumo de estos productos.
Es digno de destacar el hecho de producirse a diario la captura de una alarmante cantidad de minoristas que tienen su centro de operaciones en diferentes barrios de la ciudad de Barranquilla, entre los cuales se destacan Rebolo, Zona Cachacal, Barranquillita, Barlovento, Carrizal, Siete de Abril, Villa Flor, La Central, Villa Ester y otros sectores periféricos de nuestra urbe que últimamente se han convertido en verdaderos centros de acopio en donde se han allanado un número considerable de residencias utilizadas como expendio de sustancias alucinógenas.
Es urgente que las autoridades inicien cuanto antes una guerra frontal contra los expendedores de la dosis personal si tenemos en cuenta que que son estos elementos quienes han venido fomentando en consumo entre los jóvenes.
Prueba de esto es el impresionante aumento en el consumo de marihuana y otras sustancias similares, especialmente entre la población joven y el generalizado y descarado comercio de estos productos en lugares que incluyen las puertas de establecimientos públicos y sitios cercanos a colegios y centros de educación superior.
Por esto nos parece oportuna y conveniente la iniciativa de modificar la Constitución Nacional y permitir que se sancione a quienes porten, comercialicen estas sustancias en las calles, los parques, las plazas y los establecimientos abiertos al público.

















