Aunque casi 1.000 kilómetros separan a Quito (Ecuador) de Barrancabermeja, en las dos ciudades podría estar la puerta de un entramado de corrupción que tiene como bisagra a Odebrecht.
En agosto del 2014, Cormagdalena adjudicó el contrato de recuperación del río Magdalena por 2,5 billones de pesos al consorcio Navelena, integrado por la multinacional brasileña y Valorcon, en un proyecto en el que hubo un solo proponente.
Lo que busca establecer la Fiscalía, con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Fiscalía de Ecuador, es si hay relación entre esta licitación y el contrato del metro de Quito, que obtuvo el consorcio entre la española Acciona y Odebrecht en octubre del 2015. Se indaga un posible pacto para que Acciona se retirara de la licitación de Navelena en Colombia a cambio de que Odebrecht la vinculara a la obra en Ecuador. De hecho, el próximo 24 de marzo, los fiscales generales de Ecuador, Galo Chiriboga, y de Colombia, Néstor Humberto Martínez, se reunirán en Quito para intercambiar evidencia.
En la capital ecuatoriana, las autoridades incautaron computadores cuya información será enviada a Colombia. También se esperan nuevas pistas con las declaraciones de Rodrigo Taclán, contador de Odebrecht que será entrevistado sobre los sobornos en Ecuador.
La Fiscalía citó a declarar a Iván Mustafá, gerente del Fondo de Adaptación, para “que informe la relación que tendría con las circunstancias que rodearon la adjudicación del contrato y la concepción de un otrosí a este, promovido” por el Fondo.
La segunda línea de investigación en el caso Navelena gira alrededor del crédito de 120.000 millones de pesos que el Banco Agrario le otorgó a la concesión en noviembre del 2015. EL TIEMPO reveló una auditoría interna que deja en evidencia cuatro conductas atípicas en la operación: el préstamo fue superior a lo que solicitó Navelena, los estudios crediticios no fueron rigurosos, el concepto jurídico llegó después de que se tomara la decisión y las tasas de interés fueron más bajas que las del mercado.
Además, se cambió la modalidad del crédito lo que permitió usar una parte para cubrir un préstamo con el Banco de Occidente. El 15 de marzo, a Alejandro Jiménez, vicepresidente comercial del banco, le imputarán cargos por falsedad ideológica de documento público.
Aunque Cormagdalena es un ente que goza de autonomía frente al Gobierno, en su junta directiva tienen asiento además de varios alcaldes y gobernadores, un representante del Presidente, cinco ministros, el director del Inco y el presidente de Ecopetrol.
Tomado de El tiempo.
















