Respetada donación

32

*El peligro es tan alarmante en su actual sede que los docentes se disputan las aulas mejor acondicionadas para cumplir con su labor pedagógica.

De acuerdo con la implementación del proceso de paz firmado entre el gobierno colombiano y las Farc, en el Congreso debe existir una oficina que le permita a los guerrilleros escogidos cumplir con la directriz de ser sus voceros políticos. Como todos sabemos, la representación guerrillera estará conformada por diez de sus miembros, quienes participarán en las discusiones programadas en el Senado y la Cámara, en dos grupos de cinco, sin derecho a votar.

Al efectivizar este compromiso, las Farc han tomado el nombre de Voces de Paz. Y para poder deliberar con la argumentación exigida en este trascendental paso político, se les debe garantizar una oficina para que puedan cumplir, a cabalidad, lo acordado con el gobierno. La dirección del Senado pretendió ubicarlos en un espacio adecuado de su biblioteca.

Pero surgió un impedimento jurídico. Cuando todo se creía resuelto para que allí despacharan civilmente los miembros de la guerrilla, vino a descubrirse que la imponente biblioteca surgió como una donación del fallecido líder liberal Juan Lozano y Lozano para que allí funcionara, exclusivamente, el señalado servicio cultural del Senado. El respeto a la taxativa norma no se hizo esperar. La ley es la ley. Su acato fue de estricto cumplimiento al ser una expresión formal de un deber con carácter permanente, según lo expresa su escritura.

El Art. 62 de la Constitución Política de Colombia contempla: “El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar”.

Si eso es así, me pregunto: ¿Por qué la donación del terreno hecha por el señor José Francisco Insignares Sierra para que allí funcionara exclusivamente el Codeba, en el edificio de la calle 51 con carrera 41, se ha pretendido el funcionamiento, compartido o no, de otra institución, como si lo hizo ilegalmente la Universidad del Atlántico por más de 30 años?

Pocos sabíamos sobre este tema. Pero el ex rector del Codeba, licenciado Aníbal Cotes Ojeda, durante la conmemoración del centenario del colegio que regentó, hace ocho años descubrió lo pertinente a esta norma. Por la necesidad de regresar a su antigua sede ante el peligroso deterioro del edificio donde está funcionando actualmente, les solicitó a los alcaldes Elsa Noguera y Alejandro Char la restauración de su legítima propiedad.

El peligro es tan alarmante en su actual sede que los docentes se disputan las aulas mejor acondicionadas para cumplir con su labor pedagógica. Las respuestas de los dos alcaldes sobre la exigencia del precavido ex rector consistieron en debilitarlo con la asfixiante dilación del problema. Su renuncia tuvo que oficializarla al convertirse en una pesada piedra a esos “incomodados” administradores, sobre todo al actual mandatario. Plata ha tenido la administración distrital para resolver este problema hace muchos años.

Pero no ha existido la voluntad política ni la vocación social ni cultural para que el Codeba siga disfrutando de su condición histórica de ser el primer colegio oficial con pergaminos centenarios en la ciudad y el departamento, además de querer almibararse con lo que la ley le garantiza como suyo: su viejo pero bello edificio. La ley es la ley, señor alcalde. ¿Hasta cuándo? Todos nos preguntamos.

[email protected]

Comentarios

Comentarios




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *