
“En la campaña no tuvimos conocimiento de la investigación que Odebrecht le contrató a la firma Paddington” afirmó en un comunicado Roberto Prieto el gerente de la Campaña Santos Presidente 2014.
El comunicado llega horas después de que la misma firma SanchoBBDO de Colombia (Paddington en Panamá) dijera que sí existió el contrato que según denunció el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez ayer, Odebrecht habría pagado para la campaña de Santos.
Según la Fiscalía el contrato a SanchoBBDO-Paddington por 1 millón de dólares habría sido supuestamente para pagar una encuesta y recibir después del pago de una deuda del Gobierno.
En respuesta a los cuestionamientos hechos por La W radio Prieto recordó que a él le dieron golpe de estado en la campaña después de que perdió la primera vuelta. También dijo que recordaran que César Gaviria fue el gerente de la segunda vuelta y pidió que lo llamaran a él, a Orlando Sardi y a Juan Mesa también.
Con esta respuesta Prieto hace recordar la célebre frase que marcó el Proceso 8 mil: “se les metió un elefante a la cocina y no se dieron cuenta.”
En el mismo comunicado Prieto afirma “que tuvieron su propia firma encuestadora: Conecta.”
Con estos nuevos desarrollos dentro de el escándalo de Odebrecht y la financiación de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Zuluaga en el 2014, lo que queda claro es que la Fiscalía tiene claro que el millón de dólares de Otto Bula y el millón de dólares de Paddington no son los mismos, no es la misma plata. Son dos millones de dólares que habrían entrado a la campaña de Santos.

La firma Connecta
La firma Connecta se vio envuelta en un escándalo durante el gobierno de Santos a raíz de Tres contratos y dos adiciones por valor de $6.000 millones, suscritos entre 2013 y 2015 por el Fondo de Programas Especiales para la Paz a cargo de la recién renunciada María Inés Restrepo.
La razón: la empresa Connecta era de propiedad del entonces ministro de Minas, Tomás González Estrada. La sociedad fue creada por él y tres familiares directos, y aunque ha insistió en que vendió sus acciones antes de entrar al gobierno Santos, la empresa la presidía su esposa.
Connecta SAS nació el 17 de abril de 2009, para prestar servicios de consultoría personalizada basada en investigación económica y de mercado, y quedó habilitada para dictar conferencias o actividades similares. Sus creadores fueron: Tomás González, su esposa Ángela Baena Giraldo, su cuñada Liliana Baena y María Josefina Sierra Baena.
Cuatro días después, la sociedad se formalizó en la Notaría 10 de Bogotá, y para octubre de 2010 ya registraba avances en la distribución de capital. En ese tránsito, el economista Tomás González estuvo vinculado con Connecta SAS a la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos, al punto de que en sus perfiles públicos se le atribuye un papel protagónico en el análisis de las encuestas electorales, e incluso se dice que ganó relevancia cuando acertó en la ventaja que Santos tuvo sobre su rival del Partido Verde, Antanas Mockus.
En sus explicaciones por los contratos, el ministro González dijo que en octubre de 2010, al comenzar el primer gobierno Santos, él vendió su participación en Connecta. Esa operación no aparece registrada en la Cámara de Comercio, pero sí en el acta número 4 del 14 de febrero de 2011, donde ya no está González y su porcentaje (20%) es asumido por Michael Greiffenstein Ortiz. Lo que no aclaró el ministro en su momento es que el nuevo socio, a quien le vendió, es su concuñado, es decir, el esposo de la accionista Liliana Baena.
En ese momento, ya Tomás González oficiaba como viceministro de Minas, en apoyo del titular Carlos Rodado Noriega. En septiembre de 2011 pasó a ser viceministro de Energía e Hidrocarburos en la gestión de Mauricio Cárdenas.
El 9 de junio de 2011, como consta en el acta 006, se realizó una asamblea extraordinaria de socios, que amplió el objeto social de la empresa y se anexó la realización de encuestas de carácter político y electoral.
Un mes después, el 12 de julio de 2011, el Consejo Nacional Electoral inscribió a Connecta SAS en el Registro de Encuestadores, y empezó a formar parte de las 188 firmas dedicadas a los sondeos políticos, junto a reconocidas firmas como Ipsos-Napoleón Franco, Invamer Gallup, Datexco o Cifras y Conceptos.
Ese mismo mes, según le contó el ministro González a El Espectador “la Presidencia de la República contrató a Connecta SAS para hacer estudios de opinión pública sobre temas de paz”.
En marzo de 2013, Tomás González salió del gobierno. Lo reemplazó Orlando Cabrales y él, ese mismo 2013, durante un período de seis meses, regresó a Connecta SAS.
Los contratos del escándalo
Según un artículo de el periodista Norbey Quevedo en El Espectador el primer contrato se firmó el 18 de marzo de 2013 entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República y Connecta SAS, con una modificación en octubre. Se hizo por $1.382 millones para medir la fortaleza de las instituciones y de sus exponentes en diferentes temas, incluyendo los relacionados con paz; conocer la percepción de seguridad frente a los grupos armados organizados al margen de la ley; o medir a las Fuerzas Militares en su lucha contra la delincuencia, entre otras obligaciones contractuales.
De ese contrato se derivó un cobro de gastos de viaje a nombre de Tomás González y la firma Connecta SAS, que ha sido presentado como la prueba de que sí recibió dineros por las labores de la firma encuestadora. Según un reporte de pagos del Departamento Administrativo de la Presidencia, ese viaje se dio en mayo de 2013 a Bucaramanga y el reembolso de dinero fue de $236.359. González manifestó a este diario que el contrato FP-78 de 2013 estipulaba en una de sus cláusulas que los gastos de viaje debían ser reembolsados al contratista.
Era la época en que González estaba de regreso a Connecta SAS, según él, en calidad de empleado. Ese mismo año, el 1° de noviembre de 2013, el Fondo de Programas Especiales para la Paz y Connecta SAS suscribieron un segundo contrato con objetivos similares al de marzo. En esta ocasión el costo fue de $1.264 millones. También tuvo una modificación y se extendió hasta diciembre de 2014. Para esa época, González ya había pasado de ser coordinador programático de la Fundación Buen Gobierno a ministro de Minas.
Las actas y los documentos registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá dan cuenta de que la firma encuestadora tuvo significativos avances económicos, y que sus estados financieros reflejaron un aumento en sus activos, sus ingresos operacionales y sus utilidades netas. En contraste, el ministro Tomás González comenzaba a afrontar uno de los momentos más complejos en el devenir energético del país. La caída de los precios del petróleo o el fenómeno de El Niño, entre otros factores, lo pusieron en la mira de sus opositores.
Sin embargo, para Connecta SAS siguió siendo un tiempo de bonanza. La prueba es que el 28 de enero de 2015 firmó un tercer contrato con el Fondo de Programas Especiales para la Paz. En esta ocasión, con las mismas mediciones de percepción ciudadana, a un costo de $2.600 millones, con dos prórrogas adicionales que dejaron el valor total en $3.362 millones. Como si fuera poco, entre 2014 y 2015, Connecta SAS firmó cuatro contratos más, esta vez con el Ministerio de Educación. Los contratos costaron al Estado otros $286 millones.
La obligación de estos nuevos contratos fue inicialmente identificar la percepción de los docentes respecto de su profesión y las fortalezas y debilidades de la educación en Colombia, y conocer la situación entre los docentes colombianos y el público. Además Connecta SAS debió elaborar un estudio de apropiación del día de la excelencia educativa, del índice sintético de calidad y de los reportes escolares asociados a la comunidad. Finalmente, se le contrató para evaluar la percepción de la opinión pública en cuanto a la imagen del ministerio.
En su momento Quevedo dijo que “la primera vez que el ministro González fue consultado sobre Connecta SAS, manifestó que no era ajeno a los resultados de la empresa. Sin embargo, ha recalcado que desde que fue viceministro en el primer gobierno Santos, él consultó a la Secretaría Jurídica de Palacio si había alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses por su relación familiar con la firma encuestadora. Le contestaron que no mientras la empresa no trabajara con entidades del sector minero-energético. Lo único claro es que la polémica sigue viva.”
Con información de El espectador.















