
Según datos oficiales, entre el año 2012 y 2016 se presentaron en el país 9.024 casos de abigeato en los que se robaron 80.620 cabezas de ganado con un costo de $84.339 millones, de los cuales fueron recuperados 19.727 animales por un valor de $26.858 millones.
Esto quiere decir que, en promedio, las autoridades logran recuperar tan solo el 24% de los casos reportados. En otras palabras, de cada diez cabezas de ganado que se roban, las autoridades recuperan menos de tres.
Aunque una manera de medir las pérdidas del robo de ganado es por el valor del animal, lo cierto es que, de acuerdo con la especie y tipo de animal, esas pérdidas son mayores, pueden ir desde 3 hasta 8 millones por animal.
Para el presidente de la Unión Nacional de Asoaciones Ganaderas – Unaga, Ricardo Sánchez Rondón, tres son los grandes problemas: insuficiencia en la seguridad que deben brindarles las autoridades policiales; falta de control de parte de las alcaldías locales y la debilidad en el aparato judicial para que los delincuentes que son apresados realmente paguen una pena privativa de la libertad que se justifique con la gravedad del hecho delictivo.
Las salidas
El dirigente gremial propone cinco salidas coyunturales de efectivo cumplimiento a la problemática:
1. Secretarías de Gobierno y Salud deben cumplir con su función en cumplimiento de las normas estipuladas por el Invima en cuanto a la vigilancia de la actividad de sacrificio de animales y mataderos clandestinos en los municipios. De lo contrario, tramitar las sanciones disciplinarias a que haya lugar por la falta de actuación.
2. Las autoridades de Policía deben dar estricto cumplimiento a los artículos 110 y 111 del Nuevo Código de Policía en donde se imponen medidas correctivas en caso de que las carnes provengan de beneficiaderos que no cuenten con las medidas sanitarias de ley. Esto acarrea suspensión de la actividad y multa. Antes la Policía no podía hacerlo. Ahora podrá aplicar las sanciones y además generar el trámite a la entidad que le corresponde (Secretaría de Salud o de Gobierno.
3. Se hace necesario tramitar la designación de jueces especializados que asuman el manejo judicial del abigeato en el territorio nacional.
4. Configurar la causal de agravación punitiva para que el abigeato lleve concurso heterogéneo con los delito de concierto para delinquir y falsedad en documento con el fin de evitar la excarcelación de quien comete el ilícito del abigeato.
5. Implementar el control en las carreteras a través de cámaras ubicadas en sitios estratégicos de movilización.
Sánchez Rondón advierte además que la medida estructural a seguir es la aprobación del Proyecto de Ley 92 de 2016 que hace trámite en el Congreso de la República, por medio del cual se modifica la Ley No. 599 de 2000 y se crean los tipos penales de abigeato y abigeato agravado y que sigue engavetado en el Congreso.
















