
La Presidencia de la República anunció que la directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondopaz, María Inés Restrepo Cañón, presentó renuncia a su cargo por motivos personales.
En su reemplazo fue nombrado Mauro Rodrigo Palta Cerón, abogado payanés, reciente liquidador del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder. También fue liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes junto a María MercedesPerry
La renuncia de María Inés se produce unas semanas después de que Red Más Noticias denunció irregularidades en la contratación de proveedores de logística en las zonas veredales de normalización.
Según Red Más Noticias el Gobierno contrató más de $53.000 millones en menos de 24 horas con empresas que no tendrían la capacidad financiera ni la experticia para construir los campamentos de las Farc.
Aún así, la Presidencia de la República descartó que esta sea la razón de su renuncia.
La saliente funcionaria también ha sido cuestionada porque a través de su oficina el gobierno entregó “más de 100 mil millones de pesos en contratos a empresas, ONG y personas naturales para que hagan publicidad favorable al proceso de La Habana con las Farc.
María Inés Restrepo Cañón vivió en Barranquilla durante muchos años trabajando en el sector privado como gerente de Coltefinanciera. En el gobierno de Andrés Pastrana tomó vida el Fondo de Programas Especiales para la Paz creado por la ley 368 de 1997, que desde el día uno gerencia María Inés Restrepo.
Trabajó con los comisionados de paz, Víctor G. Ricardo, Camilo Gómez, Luis Carlos Restrepo, Frank Pearl y Sergio Jaramillo.
Palta Cerón y la Finca ‘Las Margaritas’

Volviendo al nuevo director de Fondepaz, Palta Cerón ha trabajado en el sector público por más de 15 años en entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, la Registraduria Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación.
En Octubre de 2016 el nombre de Palta Cerón saltó a la luz pública porque el Tribunal Superior de Valledupar lo sancionó con arresto por cinco días siendo el gerente liquidador del Incoder, y al director general de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strauss, por “el desacato de una sentencia de la Corte Constitucional proferida en 2014 (T477) que ordenó restituirle un predio de 40 hectáreas llamado ‘Finca las Margaritas’, ubicado en Sabanas de San Ángel, Magdalena, al señor Antonio Rodriguez Acosta, esposo de la fallecida dueña del predio -Margarita Felizzola-.”
La sentencia también contemplaba “una multa de cinco salarios mínimos por haber desacato el fallo de la Corte que protegió los derechos de ese campesino, cuya familia fue desplazada de la finca por paramilitares de Jorge 40, en 1999, y que por tanto no pudo continuar pagando una hipoteca del inmueble lo que provocó que lo vendieran en remate.”
En su momento, la Corte Constitucional conceptuó que “el predio tenía medidas de protección por pertenecer a víctimas de desplazamiento forzado y que por tanto su remate fue ilícito.”
Según la Corte, “como Rodrigo Palta Cerón (…) y Miguel Samper Strauss (…) no hicieron lo necesario para acatar la sentencia T477 de 2014, y al ser requeridos para que lo hicieran, el primero en mención se limitó a informar que no era su competencia y a remitir el expediente a la Agencia Nacional de Tierras, y el segundo a manifestar que el cumplimiento de esa orden no era su función y que (…) le solicitó a la Inspectora de Policía del Municipio de Sabanas de San Ángel , Magdalena, apoyo para realizar la diligencia de desalojo, sin probar que en efecto lograron la restitución a Antonio María Rodríguez Acosta (…) cabe concluir que con ese proceder omisivo y no justificado han incurrido en desacato a una decisión de tutela.”













