Efectos del conflicto armado en la Región Caribe

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No se puede desconocer la dimensión de la crisis humanitaria que impera en Barranquilla y el Atlántico, debido al desplazamiento de personas por causas que se atribuyen al conflicto armado, lo requieren de un esfuerzo común en procura de soluciones concertadas y concretas.

Las organizaciones de la sociedad civil que han confluido en el proceso de conformar una “Mesa de Donantes” para Colombia, en cuanto a la observación y vigilancia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, han coincidido con organismos internacionales en la necesidad de promover una conferencia humanitaria con participación de delegados de otras naciones que revise la situación de desplazamiento que provocó en la Región Caribe el conflicto armado, para que se propongan soluciones ciertas efectivas y duraderas para las poblaciones afectadas.

Pero paralelamente a lo anterior, se suma el desplazamiento hacia nuestra ciudad, de personas por motivos de orden social –justo o injusto–, como también la desbandada de vividores que a la sombra de los verdaderos desplazados recorren las calles de la ciudad en búsqueda de hacerse a los apoyos gubernamentales tanto en el distrito como de la Gobernación. Todo lo anterior evidencia la gravedad del problema a nivel nacional, hasta el punto que para algunos organismos como es el caso la Conferencia Episcopal de Colombia, que se declaró preocupada por el alto número de desplazados a consecuencia del conflicto armado interno, que según la ONU llegan a tres millones, de los cuales muchos han pasado a convertirse en refugiados, ya que han traspasado las fronteras de los países vecinos, aunque para el gobierno colombiano las cifras ascienden a un millón seiscientos mil. De todas maneras, hablar de más de un millón de desplazados es un número que provoca una situación escalofriante, teniendo en cuenta la población total del país.

En Barranquilla se habla de que es hacia esta ciudad es donde se aloja la mayor cantidad de desarraigados en la Costa Atlántica, lo cual sigue activando las alarmas, hoy por hoy, dicha situación sigue representando uno de los problemas sociales más graves. Indudablemente uno de los retos más grandes que tanto la administración distrital como departamental tendrán que enfrentar, es la prevención del desplazamiento.

Pero, además el solo hecho de identificar los desplazamientos para iniciar una estrategia de alertar al resto de la población civil, a los organismos gubernamentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional para evitar el sufrimiento de tantos niños y familias completas que huyeron despavoridas ante las amenazas y el terror causado por los grupos armados al margen de la ley se convirtió, tal vez en el mayor dolor de cabeza para la administración local y seccional. Partiendo de las cifras oficiales en adelante, éstas nos indican que el fenómeno sigue mostrando crecimiento en los últimos meses, ahora con los venezolanos provenientes del hermano país y de colombianos que decidieron regresarse a Colombia después de muchos años de residencia en Venezuela.

Por todo lo anterior, definitivamente, por encima de las medidas de atención a las víctimas del desplazamiento, que son de carácter obligatorio y legal, deben estar las políticas de prevención, mediante programas sociales.

La prevención del desplazamiento forzoso por cualquier origen, debe convertirse en una política de Estado, así sea transitoria.

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