El Estado colombiano tiene la imperiosa necesidad de implementar políticas para afrontar la grave situación en la que se encuentra la mayoría de los reclusos en Colombia.
Las palabras del presidente Santos frente a este tema resultan preocupantes; según manifestó en meses pasados, una de las soluciones es darle una serie de recursos al Inpec “para aumentar la capacidad carcelaria”.
Es decir, estamos ante la misma repetida receta de aumentar los reclusorios en vez de implementar políticas públicas encaminadas a disminuir la demanda de estos.
En lugar de invertir más recursos públicos en cárceles más eficientes y con más cupos –que está bien, no sobran–, se debe disminuir es la criminalidad desde la misma política criminal del Estado.
Está claro que esto se conseguirá mediante la implementación de medidas que ya la academia ha estudiado y recomendado en el pasado.
En primer lugar, es importante crear programas sociales encaminados a otorgarle a la población más vulnerable acceso a la educación, a condiciones laborales dignas y al entretenimiento, de tal forma que aumente la equidad en el país y haya una mejor distribución del ingreso.
Con una debida implementación de estos programas sociales, lo más seguro es que disminuya la comisión de delitos contra la vida y el patrimonio económico y por lo tanto, también disminuya lo que se conoce como la demanda carcelaria.
En segundo lugar, dejar en libertad a las personas que se encuentran recluidas por un tiempo desproporcionado sin una sentencia condenatoria.
Con esto se consiguen dos fines justificados dentro del sistema jurídico: por un lado, se garantiza materialmente el principio de presunción de inocencia, y por otro, se disminuye la demanda de cupos en las cárceles.
En otras palabras, y como lo ha manifestado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se debe tratar de penalizar mediante la privación de la libertad únicamente aquellas conductas que atenten contra bienes jurídicos de mayor jerarquía que la propia libertad, con lo que también se conseguiría disminuir la demanda carcelaria.
Sin embargo, estas medidas deben ser estudiadas e implementadas minuciosamente, para evitar que la sociedad sienta que se esté fomentando la impunidad.
Es importante implementar políticas para que las cárceles tengan una menor función punitiva y una mayor función resocializadora; con solucionar los problemas de hacinamiento, salud y servicios, no se solucionan todos los problemas.
También está en juego la dignidad del recluso, entendida como el derecho de desarrollarse libremente como persona y cumplir con un rol que aporte a la sociedad.
Muchas de estas recomendaciones estaban en los primeros borradores de la reforma carcelaria, pero finalmente se decidió retirarlas por conveniencia política.
Lo cierto es que es más fácil y popular tramitar aumentos de penas a discreción en el Congreso que plantear soluciones a la penosa situación del sistema carcelario y penitenciario.
No discutimos que un aumento de recursos para afrontar la crisis sea positivo, pero es necesario que el Gobierno sea consciente que esta situación no se soluciona únicamente aumentando la capacidad carcelaria.





















