Matrimonio político inmoral

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La politiquería y la corrupción son perversas por la depravación de las sanas costumbres y los sentimientos de un pueblo en su condición al buen gusto y la fe puesta en la promisoria vida. Es un matrimonio de la maldad enquistado en la política colombiana para desestabilizar los principios éticos que la humanidad ha creado en su incesante acción de apoyar el bien en tanto valor supremo de la existencia. Los politiqueros y los corruptos son unos impulsivos derogadores de las normas axiológicas emanadas de la bondad. Y su cofradía aplaude fervorosamente.

El ordenamiento ciudadano de la disciplina social y del gobierno con la misión de desarrollar el poder del Estado para conducir a las sociedades por el camino del bienestar, con actos pulcros y comprometidos en todos sus agentes, ha hecho metástasis en Colombia. La politiquería y la corrupción están al orden del día en su cruel dinámica institucional en todos los poderes. Una lleva a la otra. La perversión de este modelo se ha asimilado, perfectamente, con la mayor tranquilidad y aceptación.

En Colombia llaman la atención sus escándalos por ser taquillero para el chismorreo vecinal o en las redes sociales. La reflexión escasea. En la historia reciente, los ex presidentes Ernesto Samper y Álvaro Uribe han sido los campeones del ritmo para cantar y bailar los pegajosos fandangos de la ilegalidad de sus gobiernos por la intromisión de narcotraficantes y paramilitares en sus escabrosas campañas.

La responsabilidad política y el ideario de la moralidad no son más que muñequitos de las tiras cómicas. Y cómo sacan pechos de gobernantes impolutos. Al presidente Santos, entre tanto, su nada original manera para gobernar, basada en la dulce mermelada, ha quedado en pañales ante la magnitud de la internacionalización chanchullera de la brasileña empresa Odrebecht. Su gobierno tambalea por haber entrado a su campaña dineros ilícitos. A pesar de las fuertes pisadas de la Fiscalía, es inconcebible que ella trate este mayúsculo delito simplemente como algo electoral. Por tanto, apropiado para el Consejo Nacional Electoral.

Pero detrás de esa mecánica de la democracia, han despuntado unos delitos penales como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, la falsedad documental por la omisión de recursos, el fraude procesal por violarse los topes de las campañas y, lógicamente, el cohecho. El fiscal Néstor Humberto Martínez no puede, ahora, lavarse las manos. Su deber lo llama a investigar esos presuntos delitos que enlodan al presidente Santos.

Seguro que no pasará nada. Eso sucedió en el pasado con los conocidos líderes de la politiquería y la corrupción desde el Palacio de Nariño. Mientras tanto, el vicepresidente Vargas Lleras está consolidando sus aspiraciones políticas para suceder al actual mandatario utilizando, descaradamente, los recursos del Estado, que salen de nuestros bolsillos, al entregar unas viviendas gratuitas que le dan una indudable ventaja política sobre los otros aspirantes a esa alta dignidad. ¿Hasta cuándo permitiremos esos cánceres?

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