Los recursos asignados por el Gobierno Nacional, destinados a las universidades públicas, siempre generan reacciones de inconformidad, debido a que las partidas por lo general están por debajo de las necesidades y no pasan de ser “pañitos de agua tibia”, ya que estas nunca son suficientes para el saneamiento de obligaciones que no dan más espera en las universidades públicas.
Estudiantes y docentes de diferentes universidades oficiales de Colombia, incluyendo la Universidad del Atlántico, han hecho pública su petición de una mayor asignación de recursos para normalizar el funcionamiento de esas instituciones de enseñanza superior.
Le corresponde al Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos atender con mayor prontitud esa demanda de recursos, a fin de no ocasionar déficit en los procesos de conocimiento que se han confiado a las universidades y que hacen parte del desarrollo colombiano.
El Gobierno conoce perfectamente las necesidades de las universidades públicas, que son de vieja data, mas no por ello le invierte lo suficiente.
No cabe duda que el empobrecimiento de las universidades oficiales afecta a toda la nación, por lo tanto hay que evitarlo, hay que incluir entre las prioridades los recursos que garanticen no solo el funcionamiento, sino también los aspectos esenciales de sus programas, con una concepción que corresponda a la importancia que debe merecer el conocimiento como soporte de la oferta académica superior.
Entre las tareas de los congresistas está la de buscar ayudas efectivas para los departamentos donde tienen sus asentamientos políticos o con los cuales mantienen vínculos especiales o sea donde tienen la mayoría de los votos que los eligen. Es un deber de los congresistas proponer proyectos que beneficien a sus regiones, con la destinación de recursos de la Nación.
Un punto concreto en que nuestros congresistas deben unirse es en la consecución de recursos provenientes de la Nación para el fortalecimiento de la Universidad del Atlántico, teniendo en cuenta las necesidades que agobian a nuestra alma máter, en este aspecto nuestra única universidad publica exige especial atención dada la crisis a que fue llevada por los desvíos con que fue manejada en el pasado.
En esas condiciones, el Ministerio de Educación deberá definir políticas públicas que busquen la viabilidad de las universidades, no lo contrario, porque como van las cosas estas tienden a desaparecer debido al riguroso desfinanciamiento que se viene cumpliendo prácticamente durante dos décadas, obligándolas a conseguir recursos propios, a través del aumento de las matrículas, para continuar su funcionamiento.
Y no es que esto último sea equivocado, siempre que no atente contra la calidad educativa y la investigación, pero paralelamente debe contar con el acompañamiento del Estado, no con la desatención que persiste.
Insistimos, los congresistas del Atlántico tienen la obligación de incluir entre sus prioridades legislativas la consecución de los recursos, que garanticen a la Uniatlántico, no solamente el funcionamiento sino también los aspectos esenciales de sus programas académicos.





















