Pensando más en mi país, que en mi tiempo de vida útil, le sugiero a usted H. Senador la posibilidad de convertir en un proyecto de Ley, estos puntos que a continuación le sugiero, y que pongo en sus pulcras manos y transparente conducta, para ver si de estas ideas se puede sacar algo bueno para nuestra patria.
Nuestro país anda mal, porque cuando el sepulturero es el mismo muerto, no hay entierro. Propongo: Los hijos de expresidentes, no podrán aspirar a la presidencia, ni a ningún otro cargo del Estado, hasta después de haber cumplido un tiempo, cinco veces mayor al periodo ocupado por su padre en esa dignidad. Cumplido este, los padres deberán marginarse de la intervención política activa y no podrán formar parte de ninguna organización que se preste al tráfico directo o indirecto de influencias. Los dineros destinados para las campañas, Presidencia y Congreso, deberán ser auditados por una comisión internacional que lleve el control de los ingresos y egresos, y de todos los aportes que deben ser en pesos colombianos y con un tope máximo justo y razonable. El periodo Presidencial deberá ser de seis años, no repetibles. Los congresistas no deberán permanecer más de cinco periodos en el Congreso, es decir, los veinte años reglamentarios para hacerse acreedor a su jubilación, y se someterán al régimen común para pensionados. Por cada ausencia que tenga en el Congreso, se le rebajara del sueldo, y por cada diez, deberá renunciar para que ingrese su suplente. Salvo casos de fuerza mayor, por enfermedad, calamidad doméstica. Los congresistas no podrán “candidatizar” a sus hijos y parientes, para el Senado, Cámara, Alcaldías y gobernaciones, sino después de haber cumplido 20 años ejercidos intachablemente y ya pensionados. Quedan excluidos para postular a estas dignidades, los padres que hayan sido penalizados por malas conductas, es decir, muerte política. En situaciones normales, tampoco podrán hacer parte de fundaciones de ninguna naturaleza, ni recibir beneficios del Estado, directa o indirectamente. Si en su vida comercial, profesional, ha tenido negocios con el Estado, deberá pasar más de veinte años, demostrables, desligado de esa relación, para poder aspirar a cualquier cargo incluyendo el Presidencial. Los congresistas deberán presentar proyectos a favor de sus comunidades, de manera viable, no simples proyectos de justificación. El funcionario debe tener una hoja de vida intachable. Es un deber presentar su declaración de renta y el historial de sus movimientos bancarios, y bienes en el país o fuera de él. Los sueldos de los mismos no se podrán aumentar caprichosamente, deben regirse por el mismo sistema empleado para incrementar el sueldo a los trabajadores, públicos y privados. Todo lo anterior debe ser aplicable para los departamentos, distritos y municipios. Todos los empleados del Estado deberán someterse a estas mismas exigencias, sin tener en cuenta las jerarquías. Deben demostrar su idoneidad, su transparencia. El presidente, congresistas, gobernadores y alcaldes, deben suscribir una póliza que respalden el correcto ejercicio de sus deberes.
Poder Judicial. Como columna vertebral de la nación en materia de honor, equidad y justicia, sus nombramientos deben estar acompañados de una veeduría internacional de justicia que evite la politización. Esta aplicación se daría como una medida de transparencia y para que se encause la justicia por los caminos del honor y la confianza. El juez, y el magistrado deben por su consagración, no haber ocupado antes cargos políticos, y no se les debe nombrar como jurado en las elecciones. Los nombramientos de ministros, deben identificarse con el perfil de cada cartera.





















