Es urgente que las autoridades de Barranquilla y las instituciones educativas y por supuesto los padres de familia, adelanten una intensa tarea de orientación e información a los jóvenes y niños para prevenirlos sobre el consumo de drogas y las graves secuelas que estas ocasionan.
En estos momentos Colombia vive una gran paradoja: la producción y el tráfico de estupefacientes están prohibidos, pero su consumo no, porque fue despenalizado por un fallo de la Corte Constitucional, el cual fue ratificado la semana pasada.
Desde el año 1994 la Constitución Nacional consagró el derecho al libre desarrollo de la personalidad “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”, el consumo y tenencia de sustancias con base en coca y marihuana es permitido en cantidades mínimas y es lo que se conoce como dosis personal, un aspecto del cual hemos hecho alusión en este mismo espacio.
¿Permitir el consumo de estas drogas, así sea en cantidades mínimas ayudará a disminuir la drogadicción? Este es el punto más delicado del debate entre quienes están a favor de la penalización y quienes la defienden.
Como recordaremos en varias ocasiones han sido radicados en el Congreso de la República para su estudio, iniciativas legislativas que persiguen revivir los castigos para los consumidores de estas sustancias o las porten en cualquier cantidad.
Para nuestro concepto este debate esta íntimamente ligado al de la legalización general de la droga, promovido por quienes sostienen que sacar el narcotráfico de la clandestinidad lo desestimularía como negocio y sería la mejor forma de debilitarlo.
Sin embargo, la discusión del tema por parte del Club de Oyentes del Radioperiódico Diario Hablado que se difunde por Radio Libertad, ha demostrado que el debate de la legalización de la droga es más complejo de lo que se cree.
La despenalización de la producción y el tráfico de estas sustancias en Colombia no le quitaría por sí sola rentabilidad al negocio, no lo sacaría de la clandestinidad, pues en gran mercado como todo el mundo lo sabe, está en otros países, especialmente en Estados Unidos y Europa.
Es probable que muchas de las personas, especialmente jóvenes que permanentemente llevan consigo la popular dosis personal, sean adictos o enfermos y en consecuencia lo que ellos necesitan es un tratamiento médico como lo ha dicho la Corte Constitucional; pero lo que sucede, es que detrás de esta figura se están escondiendo verdaderos profesionales del vicio, que aprovechando la autorización constitucional tienen productivas empresas al servicio del comercio y el consumo del maligno producto, el cual se incrementa cada día en Barranquilla.
Sin abandonar la estrategia represiva, esencial frente a la violencia inherente, deben considerarse alternativas económicas para las comunidades involucradas en el ilícito, que ante la ausencia de oportunidades se convirtieron en microtraficantes en las grandes ciudades como es el caso de Barranquilla, un aspecto considerado como un ingrediente para la actual ola de inseguridad que vive nuestra ciudad.





















