La masacre de cuatro menores ocurrida en zona rural de Florencia (Caquetá) volvió a poner sobre la mesa la puesta en marcha de medidas como la cadena perpetua o la pena de muerte para las personas que violen o, como en este caso, asesinen a menores de edad.
La cadena perpetua para abusadores y agresores de menores de edad volvió de nuevo a debate luego de los recientes casos que se registraron de violencia atroz en contra de algunos niños y niñas del país.
En nuestra legislación no puede implementarse la pena de muerte o la cadena perpetua porque la Constitución Política de 1991 y el llamado “Bloque de Constitucionales” “que son los tratados o instrumentos internacionales a los que está sujeto el Estado Colombiano y hacen parte integral de la Constitución, lo impiden ya que sus textos se consagra que la vida es un derecho inviolable, prohibiendo la pena y la cadena perpetua.
Cuando se presentó el proyecto de ley para establecer esta medida, el trámite de la iniciativa se vio bloqueado con un concepto del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, el cual consideró que se trataba de una iniciativa “inviable”, que representaba una forma de “populismo” o “demagogia punitiva” y que “no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales”.
Está nuevamente sobre el tapete la posibilidad de impulsar un referendo para que los colombianos decidan en las urnas si los violadores y abusadores de niños deben ser castigados con cadena perpetua.
Es claro que se requiere del aporte decidido del Congreso de la República, pues se hace necesario modificar el Artículo 34 de la Constitución Política para aplicar ese tipo de condena, si como mencionamos al comienzo, la decisión es avalada por un referendo.
Desde 2008, la recordada senadora Gilma Jiménez (QEPD), luchó para que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, el ICBF y los medios de comunicación, sumáramos esfuerzos para alcanzar ese propósito que sería una excelente herramienta en la defensa de los derechos de nuestros niños, que por ley priman sobre los derechos de los demás.
Esta oportunidad es propicia, además, para hacer un llamado a la Fiscalía y al poder judicial en General, para que las penas que se apliquen contra los autores de delitos contra niños, niñas y adolescentes, sean ejemplarizantes. Tan categóricas como una decisión de país al aprobar la cadena perpetua para los violadores, secuestradores y abusadores de niños.
Abogado egresado de la Universidad Libre
Especialista en Derecho Público egresado de La Universidad del Norte
Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre
Aspirante a Maestría en Derecho Ambiental y Urbano Territorial de la Universidad del Norte





















