Para una Fiscalía fortalecida

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Los recientes anuncios del Gobierno Nacional según los cuales la Fiscalía General de la Nación será sometida a una profunda cirugía, que en teoría encierra una serie de medidas que de ponerse en práctica lo más rápido posible, le permitirá declararles la guerra a muchos criminales que hasta el momento han venido gozando de muy altos índices de impunidad, hechos que ante la opinión pública están siendo calificados como actos de negligencia por parte del ente acusador.

La opinión pública nacional siempre ha estado a la expectativa con relación a este tema. Por eso espera con ilusión y anhela con optimismo, así la historia confirme una y otra vez que los resultados de este tipo de anuncios gubernamentales no han sido los mejores, que esta vez la promesa oficial sí se va a traducir por lo menos parcialmente a la realidad.

Según lo que se ha conocido hasta ahora, el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación será reforzado con más de un billón de pesos en los próximos años, con la finalidad de que contrate más fiscales que se dediquen entre otras cosas, a luchar frontalmente contra la corrupción y los delitos financieros.

Delitos que no se pueden seguir repitiendo en Colombia, que en muy escasas oportunidades –sobre todo aquellos que implican el desangre de los presupuestos públicos–, son procesados por el Estado hasta dar con los responsables para castigarlos, en la mayoría de las veces las investigaciones no llegan a su culminación, lo que se constituye en una verdadera burla para la sociedad colombiana y pone en duda la finalidad para la cual fue creada la Fiscalía General de la Nación en el año 1991.

Es así como en 2017 el CTI contará con más de tres mil investigadores nuevos y se dividirá en cinco cuerpos diferentes, uno de los cuales en teoría –y ojalá en la práctica también– se dedicará exclusivamente a luchar contra la corrupción. El reto del presidente Santos y del fiscal  Néstor Martínez es grande. Y lo es, porque su propuesta les generará varias responsabilidades.

La primera, sin lugar a dudas, es producir resultados contundentes, ante la enorme cantidad de recursos adicionales de los contribuyentes que se le inyectarán al organismo.

La segunda es aún mayor, y lo es porque el desafío de disminuir la corrupción estatal y procesar a sus protagonistas, no solo implica cauterizar una de las arterias por la que se desangran sin piedad los presupuestos de la Nación, sino que de fracasar podría convertirse en el puntillazo final a la poca credibilidad que aún pueda tener la ciudadanía en las instituciones públicas.

La corrupción es junto a la inseguridad el problema más grave que tiene este país. EÍ Gobierno acaba de anunciar su más ambicioso plan para combatirla y del balance que deje esa estrategia sólo pueden derivarse dos escenarios totalmente opuestos.

Uno de éxito, en el cual Colombia alcanzaría índices de corrupción más bajos –llegar a cero sería el ideal pero es una utopía–, que le permitirían al Estado cumplir un mayor porcentaje de sus obligaciones.

Pero si es un fracaso, sumiría a la sociedad no solo en la más profunda de las frustraciones, sino que se convertiría en una tarjeta de invitación a los corruptos para que arrasen con lo poco que aún queda.

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