
Unas prórrogas de contratos realizadas sin previa autorización por parte de la gerencia del Hospital Universitario Cari, fueron halladas por la Contraloría departamental.
El contralor Carlos Rodriguez Navarro, explicó que se trató de un contrato del servicio de oncología, el cual se hizo sin la debida autorización del cuerpo colegiado y la junta directiva el pasado 2016.
Frente a este hecho, el funcionario informó que se presentará una queja de carácter disciplinaria a la Procuraduría de la Nación para que investigue la conducta de la actual gerente y determinar así, si incurrió en la vulneración del ordenamiento jurídico.
El contralor departamental, detalló que además existe preocupación sobre la situación financiera del hospital, ya que se estaría pagando a través de la figura de hechos cumplidos y sin ningún respaldo contractual.
“La contratación se está haciendo vía directa y eso sin duda puede ocasionar la violación de unos principios de libre concurrencia, transparencia y de selección objetiva”, dijo Rodríguez.
Destacó que el servicio de vigilancia se está contratando de manera mensual pese a que para materializar los principios de libre concurrencia es necesario que se realice un procedimiento de convocatoria pública y se contrate de acuerdo a esa necesidad y no de manera mensual, ya que se estaría vulnerando el principio de planeación.
“Existe expresa información que de las contrataciones que se están ejecutando en el Cari, casi la totalidad se está haciendo vía contratación directa. Con ello, se estaría violando el principio de publicidad que da paso a que existan mayores concurrentes para el proceso de contratación pública”, sostuvo el contralor.
Pronunciamiento sobre el ANLA
Al respecto de la sanción impuesta la CRA y la Gobernación del Atlántico por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), debido a infracciones cometidas como titulares del proyecto: “Regulación del sistema integral del sistema de ciénagas de los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela”; Rodriguez Navarro, manifestó que la Contraloría no permitirá que se tomen recursos del departamento para cubrir este pago por omisiones que se desarrollaron en administración pasada.
Informó que se adelantará una investigación para determinar si existió detrimento patrimonial y en el caso que exista se aplicaría la sanción que corresponda.
Auditorías
Por otra parte, la Contraloría departamental anunció que en el marco del plan general de auditorias para la vigencia 2017, se examinará la gestión fiscal de municipios como: Sabanagrande, Santo Tomás, Puerto Colombia, Polonuevo, Candelaría, Usiacurí y Manatí; así como Indeportes, el Instituto de Tránsito del Atlántico y la secretaría de Desarrollo Económico.
“Tenemos conocimiento de que son muchos los recursos que están contratando distintas entidades públicas con fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Vamos a evaluar de ese universo de contratos, cuánto es el porcentaje que se está materializando. Dichas fundaciones en muchos casos no tienen ningún tipo de experiencia como lo dispone el decreto 77 y la Ley 489 de 1998. Presumimos que se esté haciendo un esguince a la norma contratando vía directa con quienes la administración tiene interés contratar”, subrayó el contralor.




















