A partir de hoy entra en vigencia la ley que permite al Gobierno apoderarse de los órganos y tejidos de los ciudadanos al momento de su muerte para fortalecer los bancos de órganos existentes en el país, y favorecer a las casi tres mil personas que permanecen a espera de un donante.
La ley 1805 aprobada solo podrá dejar de aplicarse en los casos en el que los fallecidos hubieran dejado en vida un documento autenticado ante Notaría y registrado en el Instituto Nacional de Salud donde exprese su voluntad de no ser donante.
Si el occiso no dejó el documento los médicos estarán obligados a retirar del cuerpo los órganos que sean aptos para ser donados, y las familias del occiso no podrán oponerse a dicho trámite.
Para evitar el tráfico de órganos, no podrán ser donados a extranjeros.





















