La problemática en la prestación del servicio

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En los últimos años en la región Caribe al aumentado un gran número de quejas las cuales en su mayoría se refieren a: interrupciones en la continuidad y la baja calidad del servicio, los cortes por supuestos mantenimientos y reparaciones, la instalación de medidores sin la debida autorización de los usuarios y suscriptores, las alzas desmedidas en las tarifas, el corte injustificado del servicio -con el servicio pago-, la violación al debido proceso en los trámites interpuestos por los usuarios, la falta de información oportuna sobre la suspensión del servicio, la apropiación de subsidios por parte de Electricaribe, la ausencia de compensaciones por fallas en el servicio, y la vulneración al derecho a una medición eficiente.

Con el fin de apoyar y promover el sistema balanceado de prestación de los servicios públicos domiciliarios en que intervienen el Estado, la inversión privada y la participación ciudadana, contenido en las leyes 142 y 143 de 1994, 632 de 2000, 689 de 2001 y en el Decreto 990 de 2002. La energía eléctrica representa para las sociedades modernas ya no un lujo como lo fue hace más de medio siglo, sino una necesidad, es por ello que cada vez se busca que su prestación sea más eficaz y tenga mayor cobertura, sobre todo en los sectores que se ven en condiciones de desigualdad para desarrollarse en la misma forma en que lo hacen las poblaciones que sí cuentan con la garantía de un servicio acorde a la sociedad actual.

Es preocupante el análisis que se hace respecto a las largas interrupciones del servicio en la región Caribe, pues no tiene nada que ver con la necesidad de hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos o racionamientos por fuerza mayor; el inconveniente es que empresas como Electricaribe fallan en la prestación del servicio de energía, de acuerdo con el artículo 136: “Concepto de falla en la prestación del servicio. La prestación continua de un servicio de buena calidad, es la obligación principal de la empresa en el contrato de servicios públicos” de la Ley 142 de 1994. Después de todo, siguen los apagones y el cobro del servicio a los usuarios no se reduce. Aquí se pone en contexto desde que inició todo este problema de la energía en la Costa hasta la actualidad, cuando le ha tocado al Gobierno Nacional dialogar con los máximos accionista de Gas Natural Fenosa, dueña de Electricaribe. Resumiendo, la “crisis energética” no solo afecta a los usuarios, es decir, a todos los ciudadanos con apagones y racionamiento, los efectos negativos son aún mucho mayores, pudiendo llegar a desencadenar una crisis económica severa en los departamentos del Caribe y, en el mejor de los casos, la economía regional no registrará crecimiento alguno.

En la práctica, no siempre la materialización de este derecho en los habitantes de la región del Caribe encuentra una satisfacción plena como lo exige la propia Constitución, pues, en algunos casos en razón a que la propia limitación de coberturas no lo haga posible ya que el servicio se ha mostrado de forma deficiente, por los constantes cortes y que conlleva que las personas tengan que acudir a las cortes para poder defender sus derechos como lo expide la Ley 142 de 1994.

Abogado egresado de la Universidad Libre

Especialista en Derecho Público egresado de La Universidad del Norte

Especialista  en Derecho Administrativo de la Universidad Libre

Aspirante a Maestría en Derecho Ambiental y Urbano Territorial de la Universidad del Norte

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