El cáncer de este país es la corrupción. Es una telaraña que envuelve a todo el poder público, con escasísimas excepciones, a un grueso del sector empresarial y a una mafia camuflada o con tentáculos en la sociedad civil donde el objetivo es la apropiación del tesoro de la nación y de los recursos naturales, el tráfico de influencias, la especulación y el consumismo, y el gran perjudicado es el pueblo, a quien le saquean sus pírricos ingresos y además debe pagar por los desfalcos que produce la administración pública. No hay más. De ahí aquellas frases célebres que dicen: “detrás de cada gran fortuna, hay un delito” o “¡no hay riqueza bien habida!”
La opresión, el saqueo y el abandono, fuentes de injusticias y desigualdades promovidas por el Estado, como decía Gabriel García Márquez, fueron caldo de cultivo para el surgimiento de males que ya se están superando, como el de la guerrilla. Pero quedan el narcotráfico, la antidemocracia, la inseguridad ciudadana por la degradación social y la falta de oportunidades, y la corrupción, la peor de todas, pues genera pobreza y muertos por doquier en calles y hospitales. El pudrimiento público pulula por todos los rincones de la patria, en las ciudades y el campo, en las oficinas públicas y los golden center privados, pero también en los municipios más pequeños. Nada se salva, y todo está relacionado, desde el elector anónimo que vende su voto (lo que lo convierte en cómplice) hasta el Presidente cuya familia está implicada en casos delictivos o que reparte mermelada para ganar adeptos a sus políticas públicas, aquello de “yo te ayudo con cargos o contratos y tú votas por mis propuestas”, o “yo te elijo, tú me eliges”, o “cómo voy yo ahí”. La inmoralidad de los de arriba impide la autoridad hacia los de abajo, quienes miran el ejemplo a seguir.
Y en Colombia casos de este concierto consuetudinario para delinquir surgen a diario, hasta que se canse la nación. Pero lo peor es que las leyes penales para estos delitos no son contundentes y el procedimiento favorece a los inculpados: muchos permanecen fuera de las cárceles (porque no representan peligro para la sociedad, jajá…) y otros quedan libres por vencimiento de términos, y las multas que se les impone no significan nada comparado con lo que se roban. Así salen y quedan con plata, riéndose de la justicia.
El operador judicial es el principal responsable de esta situación (claro, las leyes las hace el Congreso). Ahí está feliz, campante y sonante en la calle Hélbert Otero, principal accionista de Fidupetrol, gracias a un preacuerdo que firmó con la Fiscalía, luego del escándalo en el 2014 cuyo actor principal fue el exmagistrado cordobés Jorge Pretelt Chaljub para favorecer a la empresa de petróleos que no quería pagar una multa de 22.500 millones de pesos a la gobernación de Casanare. La Fiduciaria Petrolera acababa de culminar un contrato de megaobras en Cali por medio billón de pesos, cedido mediante la modalidad de selección abreviada como único proponente, nueva fórmula de hacerle esguince a las licitaciones públicas transparentes. La esposa de Pretelt aún es investigada por la posesión de tierras en Córdoba que fueron fruto de desplazamientos y de presencia paramilitar, igual que se hace con las propiedades acumuladas por el excongresista Otto Bula Bula en zonas de conflicto del mismo departamento, implicado y preso éste como principal receptor de los sobornos de la multinacional Odebrech por 11.5 millones de dólares para que se le adjudicaran megaobras de infraestructura vial (conocidas como 4G, o de cuarta generación, cuyos recursos salieron de la venta de Isagen, mal negociada, y dejados en manos del vicepresidente Germán Vargas Lleras) y portuarias en el país, entre las que se cuentan la carretera Ocaña-Gamarra, que favorece a la familia de la exministra de educación Gina Parody, pareja de la otra exministra de transporte Cecilia Álvarez, responsable del proyecto. De este caso no se puede excluir totalmente a la filial de Odebrech Navelena, contratada para la navegabilidad del Río Magdalena por la cuestionada Cormagdalena, y a la que se implica de recibir un crédito amañado por 120.000 millones de pesos por parte del Banco Agrario, como lo denunció el senador Jorge Robredo Ortiz la semana pasada.
De estas joyas de corona no se pueden excluir Reficar (un negocio de minhacienda y Ecopetrol por 26 billones de pesos, cuatro veces más grande que Isagen), la firma comisionista InterBolsa (en la que se mueven de manera ficticia y volátil acciones del mercado, con el consentimiento de la Superintendencia Financiera, negocio bursátil que la gente del común no entiende) y las EPSs (ésas sí, el diamante robado a un pueblo enfermo y no atendido).
Pero la cadena de corrupción no para ahí, solo que esta columna no da para mencionar cada caso. Y todos apuntan a lo mismo, pero no toca la piedra angular que rodea la Casa de Nariño, antes, ahora y, como van las cosas, después. Ojalá no el después.





















