“Sin justicia no habra paz en Colombia”, esta es una expresión que se ha generalizado en el pueblo colombiano, ante las permanentes noticias negativas que han generado los últimos pronunciamientos de las altas esferas gubernementales, incluyendo a nuestro actual Presidente Juan Manuel Santos.
Los efectos devastadores de las políticas privatizadoras de los servicios públicos domiciliarios en Barranquilla y la Región Caribe en general,–por ejemplo– están a la vista, después de casi tres décadas de aplicación, cuando las empresas prestadoras de estos servicios pasaron a convertirse en privadas con monopolio incorporado, convirtiendo a los usuarios en víctimas de los atropellos a los que nos hemos venido refiriendo desde tiempo atrás, para obtener la máxima rentabilidad, siendo el móvil principal del lucrativo negocio las altas tarifas referenciadas en los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera estipulados en la Ley 142 de 1994.
A esta normatividad la han venido reformando, sobre todo en lo relativo a la regulación tarifaria encomendada a la flamante Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), dependencia del Ministerio de Minas y Energía, la cual se basa en precios competitivos, costos eficientes y rentabilidad máxima, para su capital invertido sin ningún riesgo. Basta con observar lo sucedido en el pasado año con los exagerados precios de la energía que se le cobra a más de diez millones de habitantes de la Costa Atlántica, para corroborar hasta dónde han llegado las élites en su afán desmedido y desaforado atropello a los usuarios.
La resolución Creg 036 de abril de 2015 aprobó un aumento tarifario para el negocio de la comercialización a la trasnacional Gas Natural Fenosa que controla a Electricaribe, que se tradujo en una alza del 13.2%.Posterior a esta se impusieron otras dos alzas al mismo tiempo, una del 7,53% en el eslabón de comercialización en bolsa y otra de siete pesos el kilovatio hora, que significó un incremento del 1.9% para mejorarle la rentabilidad a las termoeléctricas, que según estas, están perdiendo plata a pesar del Cargo por Confiabilidad que les representa más de un billón de pesos al año, de los cuales cada usuario paga 52 pesos por cada kilovatio consumido. Pero allí no paró el desenfreno, nuevamente la Creg con su resolución 172 elevó el cargo de Restricciones a la Generación de $10.49 a $60 el kilovatio, 470 por ciento de aumento, por lo que surge un interrogante; ¿Hasta dónde llegarán las alzas en detrimento del patrimonio económico de los colombianos?
Como van las cosas, al término de la segunda década del siglo XXI, estaremos presenciando cómo llegan a su máxima expresión las ambiciones desmesuradas del gran capital financiero que controla las empresas de servicios públicos. En la actualidad miles de usuarios se encuentran ante la incertidumbre si pagar las altas tarifas de los servicios públicos o morirse de hambre.
La experiencia histórica enseña que estos bárbaros atentados contra los usuarios,traerán como consecuencia el despertar de las gentes del común, el surgimiento de las protestas de las fuerzas vivas de la sociedad y la movilización pacífica pero enérgica de toda la población.
¿Será que volverá la necesidad de aplicar aquel viejo adagio de “salvese quien pueda”?





















