¿Qué se significa exactamente al decir de alguien, como un niño, que perdió el año? Obviamente, que la Institución Educativa (IE) con este acto, está legitimando su propio fracaso frente al hecho de formar en todas las dimensiones, y no sólo en una, como es la cognitiva. Recordemos, que la formación integral es el objeto de la Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, y ella misma en su artículo 5, establece “Los fines de la educación”, señalando la pluralidad de dimensiones de formar en tal sentido. Esta supuesta legitimación, tiene a su vez un significado doble. Por una parte, que la pretensión que configura lo que suele llamarse ambiguamente “perdió el año”, viene a ser el contenido que expresa un docente acerca de lo que él debió enseñar, y el niño debió aprender. ¿Pero, y quien evalúa al docente cuando la pérdida de años en un grado es considerable? Son inquietudes para que el Ministerio de Educación establezca criterios o lineamientos generales encaminados a favorecer la continuidad de los niños en la escuela, y más en las zonas rurales. La pretensión de un docente y de una IE de no entrar a valorar la centralidad del ser humano en sus talentos y vocacionalidades, que es diferente al acto de evaluar, por el contario, sometiéndolo a un proceso inquisitorio de evaluar simples contenidos; que en la gran mayoría son descontextualizados, es determinar el fracaso de la educación, de la escuela y del maestro. A veces, hay docentes no permiten una supuesta “intromisión” de otros colegas en sus haberes evaluativos, en especial, aquellos de las ciencias exactas y naturales, que en algunos casos se consideran con el poder cognitivo del “quantum”, dejando de lado lo socio afectivo. Y de lo que se trata, por otra parte, es dotar a las IE de criterios contextualizados y pertinentes para evaluar, operación esta que busca pertrechar a la evaluación de cualidades que se revistan de derechos, como por ejemplo, el de la educación y la continuidad de los niños en la escuela.
En otras palabras: el niño tiene el derecho a la educación y a su permanencia en el sistema educativo (artículo 44 de la C.P.), lo cual se constituye, precisamente, en la legitimidad de este derecho, por tal razón, la institución y sus docentes deben privilegiar esta permanencia, llevando a idear y crear estrategias para este logro; de lo contrario, la escuela con sus docentes fracasan, es el deber de ambos, legitimar el papel del Estado, formando buenos futuros ciudadanos en sus vocacionalidades, emociones e intereses, y no en los intereses de los maestros. Los padres de familia, también deben interesarse, para que cuando la escuela presente a estudiantes con pérdida del año, ellos tienen el deber de exigibilidad de la permanencia de sus niños en ella, porque es el interés legítimo del Estado. Estamos ahora en condiciones de apuntar la paradoja de la evaluación en los procesos de formación integral. El derecho que tiene el niño a su permanencia en la IE, es violado constantemente por “la pérdida de año”, contradiciendo el artículo constitucional que hemos reseñado: este derecho debe ser salvaguardado por las instituciones, y debe quedar acorazado en el ámbito de las prácticas y discursos de la evaluación de los maestros, por su compromiso de apostolado con los ciudadanos del mañana, pero, sobre todo, y esto es lo esencial, el Estado traslada a las IE este derecho, entonces aquel, en últimas es el responsable indirecto por la acción u omisión de las Instituciones Educativas y de sus docentes: esta problemática fue una de las más recurrentes y cruciales en mis clases de maestría en educación. Entonces, este derecho, es razón misional. Pero ¿y si no lo hacen las IE? Esto es: en el supuesto de que ella, falte a su deber de hacer todo lo posible para que niños, en especial del campo permanezcan en las aulas escolares, ¿ante quién cabe recurrir jurídicamente para hacer valer este derecho de los menores? ¿Ante el Estado mismo? He aquí la paradoja: el derecho a la educación, en lo esencial, es violentado por prácticas y discursos evaluativos que no valoran las condiciones sociales, económicas, culturales y familiares del contexto y de los niños. En lo general, carecen de garantía sólida tal como están configurados los procesos evaluativos hoy, que se encuentran mediados por pruebas estandarizantes que no consultan las realidades locales y regionales: y lo que se hace, es homogenizar con el acto de evaluar, por ejemplo a 10, 20 o 30 niños en un salón de clases, pues son 10 o más singularidades con talentos e intereses distintos.
El Estado colombiano debe decidirse a prescindir de este tipo de pruebas estandarizantes, que buscan sólo complacer los intereses de organismos multinacionales como la OCDE, promoviendo situaciones parcializadas en el campo evaluativo, lo que hace, que nos encontremos con instituciones que aprestan todos sus recursos para preparar artificialmente a los estudiantes en este tipo de pruebas, y se olvidan de las otras dimensiones que necesita la formación del buen ciudadano. El docente, también debe ser consciente de esta supuesta normalidad, que es pasajera, como pasajera también son los estados felices de las instituciones que aumentan sus índices, conduciendo a docentes y estudiantes a un estado de incertidumbres frente a los reales resultados del hecho de evaluar. La evaluación debe contribuir, por ejemplo, con el fortalecimiento de la cultura de paz, y para ello, quien la práctica, el docente, debe vaciar el sentido de lo humano en esta práctica, que por esencia, es humana, demasiado humana, pues lo que hace es emitir un juicio sobre el estudiante, que puede perjudicarlo o favorecerlo para toda la vida. Muchos se han visto, y son palpables, como el de Shakira. Sin necesidad de recurrir a un caso extremo como que el Estado debe construir lineamientos, apenas muy generales, para que las regiones y localidades, a su vez, con sus instituciones construyan proyectos de evaluación fijando criterios, de cómo, por ejemplo, evaluar en sociales en determinados contextos, en lo rural y en lo indígena. Porque la evaluación debe responder a un contexto. Es establecer fórmulas democráticas de evaluación atendiendo al artículo 67 constitucional: estos lineamientos constitucionales de la evaluación corresponden al deber de hacer posible el derecho a la permanencia de los niños en la escuela. El concepto de evaluación, que es lo primero, a tener claro el docente al momento de evaluar, es uno de los puntos donde el Estado muestra su discriminación y marginamiento, pues nos habla abstractamente de evaluar competencias, cuando las realidades locales como corregimientos y caseríos, no cuentan con los mínimos requerimientos para formar.
La evaluación se ha convertido en un instrumento más de la sociedad de mercado, por lo tanto, la educación se ha gerenciado y mercantilizado. El Estado siempre la ha impuesto sin consultar las muchas poblaciones olvidadas de la geografía colombiana, en especial, las zonas rurales e indígenas. El Estado evalúa y no asume su responsabilidad, sino que la traslada a la escuela. ¿Cómo evaluar un niño, que no ha desayunado bien? ¿Cómo evaluar un niño que sólo vive con la abuela de 70 años? ¿Cómo evaluar un niño que es un trabajador a muy temprana edad? Necesitamos de otros criterios más humanos y sentidos en las prácticas evaluativas. Con todo esto, el sistema actual de evaluación, por ejemplo, para las zonas rurales vulnera la educación en este contexto, y por ende la evaluación rural, vulnera la educación y evaluación de los indígenas, vulnerando a su vez, los criterios razonables del niño, dejando de lado sus posibles talentos. La evaluación en las IE se ha convertido en un mandato imperativo para los rectores y estos con sus docentes y estos con sus estudiantes, donde sólo interesa que rinda el niño, aún a expensas de su biología y psicología. Es por ello, que ese tipo de evaluación estandarizante debe ser vista con desconfianza por parte de los maestros, porque nunca se ha experimentado seria o duraderamente, siempre el Estado se avoca a copiar modelos, que en otras latitudes han fracasado. Por último, en nuestro parecer, la función formal del acto de evaluar, es la de contribuir a la formación de un buen ciudadano, ya que de este modo se hacen realidad los ideales de la Constitución Política (artículos 67 y 68, 44) y los de la Ley General de Educación de 1994 en su artículo 5, de los “Fines de la educación”.




















