Las nobles intenciones del Congreso de la República al inicio de cada año para debatir y aprobar docenas de proyectos de ley, se han convertido en un discurso trasnochado y cansón.
Según la mesa directiva de la respetable institución le cumplieron al país aprobando en el 2016 leyes de interés social. Ampliar el periodo de lactancia de las madres, con el peligro que los empleadores continúen prefiriendo a los hombres que a las damas cuando se presenten vacantes, ha creado desconfianza en el género femenino. Según los legisladores lograr que las empleadas domésticas disfruten de las justas prestaciones laborales de ley, con el riesgo que cientos de miles de ellas no sean contratadas por falta de presupuesto familiar, puede generar más desempleo. ¿Será que los “Padres de la Patria” no analizan con mesura, costo -beneficio de las normas que aprueban?.
El anuncio sobre el proyecto de ley de la cadena perpetua y esterilización a los violadores de niños y mujeres tiene la aprobación de los colombianos y congresistas. La ley que restablece el pago de las horas extras a la sufrida clase trabajadora del país, que desde el 2003 ha hecho metástasis en la economía doméstica, y beneficio a la elite industrial, fue un esperpento que jamas ha debido ser aprobada. Las ocho horas laboral debe regir hasta las 6 de la tarde y no hasta las 8 de la noche, como pretenden congresistas que defienden los intereses de empresarios, financiadores de sus campañas políticas. Un proyecto de ley debatido en las últimas cuatro legislaciones sobre los altos intereses y la infinidad de requisitos que exige el Icetex a los aspirantes de créditos estudiantiles, debe tener preferencia. Rebajar a cero los intereses y no exigir fiadores, favorecería a cientos de miles de bachilleres y no unos pocos, con el programa ‘Ser pilo paga’. Según estadísticas del Ministerio de Educación, más de doscientos cincuenta mil bachilleres no pueden ingresar a las universidades cada año por razones económicas, y el programa ‘Ser pilo paga’ favorece a cinco mil, es decir menos del 2%.
En la agenda se anuncia el estudio de la Ley 100 o de la salud, desde su aprobación en 1993 con ponencia del senador Alvaro Uribe, ha sido cuestionada por todas las instituciones, desde las centrales obreras y trabajadores en general, Organizaciones No Gubernamentales y sociales. La ley debe desmontarse en su totalidad, para que el Estado asuma su responsabilidad de administrar la salud, sin politiquería, clientelismo y con penas severas para quienes atenten contra los recursos destinados a la salud de los colombianos. Las graves acusaciones de los senadores, sobre el pésimo servicio de las EPS en su región, evidencia que el problema tocó fondo, y tienen quebrados a hospitales públicos, en algunos casos las deudas suman desde 200 y 300 mil millones de pesos. La gran bonanza de quienes se están lucrando y adueñaron de la salud en Colombia, se refleja en las majestuosas torres y edificios construidos en las principales ciudades del país, sin ninguna norma urbanística. En Barranquilla se apoderaron de una zona eminentemente residencial y emblemática, como es el barrio El Prado, orgullo de los nativos por sus hermosas residencias.
El Congreso de la República está en mora de legislar sobre los inmensos gastos que desangran las elecciones atípicas; en el 2016 la elección de nuevos alcaldes y gobernadores, para reemplazar a los destituidos por malos funcionarios, superó los 50 mil millones de pesos, dineros financiados del presupuesto nacional. Según la Registraduría Nacional, la elección del gobernador de La Guajira representó un gasto de 10 mil millones de pesos que asumimos los colombianos. Los partidos políticos constitucionalmente son los encargados de avalar los candidatos a ocupar cargos de elección popular, y su mala elección es responsabilidad de estas corporaciones, quienes deben asumir los gastos que se ocasionen en las elecciones atípicas. El fenómeno ha hecho carrera en los últimos años, con funestas consecuencias para las finanzas y desgaste del aparato estatal. Los partidos políticos en Colombia, se han convertido en un verdadero problema para la democracia, sus directivos no estudian y analizan las hojas de vida y antecedentes del aspirante, sino el volumen de votos desconociendo su procedencia. Con estas prácticas, el desajuste en los programas de gobierno de las administraciones colapsan, convirtiéndose en problemas para la comunidad afectada. Debemos pensar en una papeleta adicional en las próximas elecciones, será difícil que los padres de la patria legislen sobre esta materia, pues va en contravía de sus intereses.




















