Código de Policía condena a la miseria a vendedores ambulantes

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vendedor ambulante

Los vendedores de chocolatinas, masmelos, dulces, galletas, lápices, bolígrafos, remedios y hasta los que cantan champeta, rancheras, baladas en los buses urbanos de Barranquilla y el país tienen sus horas contadas, según el Código de Policía que empezará a regir el próximo 30 de enero restringe a estas personas para que se suban a los buses a ofrecer sus productos.

En un país donde las oportunidades son escasas y la falta de empleo es uno de los temas que el Gobierno nacional le cuesta resolver, la ventas informales alivia en algo la falta de trabajo en las ciudades, en especial Barranquilla una capital que congrega un número importante de vendedores y que de quedarse sin este trabajo se convierte en un problema social más profundo del que ya existe en la ciudad.

No obstante los vendedores de buses e informales no están solos, el 6 de octubre del año anterior la Corte Constitucional admitió demanda en contra del artículo 140 de la ley 1801 de 2016 por medio de la cual se expidió el Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.

El representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla aseguró que es una “declaración de guerra a todos los vendedores informales del país” puesto que los policías podrán decomisar y destruir los bienes de los vendedores. Además podrán imponer multas superiores a los cuatro salarios mínimos legales vigentes.

“Se les está condenando a la miseria. En un Estado que no es capaz de garantizar el pleno empleo a los colombianos y que no tiene subsidios para asegurar el mínimo vital de las personas que no pueden ingresar al mercado laboral, la única opción que tienen los vendedores es salir a las calles a buscar su sustento”, indicó el Representante. En la demanda radicada en agosto del 2016 en la Secretaría del alto tribunal se manifiesta que el artículo referente al espacio público viola, entre otros, los derechos al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso. Se desconocen además las obligaciones del Estado para propiciar la ubicación laboral de estas personas. En su concepto se están vulnerando los fines del Estado Social de Derecho al no tener en cuenta la realidad económica y social de los vendedores informales. “Automáticamente convierte a los vendedores informales en contraventores del Código de Policía y genera una inmediata confrontación con las autoridades administrativas”.

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