Dilema electoral

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En todo caso, en esa votación, si es que llega a hacerse, o en las elecciones de alcalde futuras, los ciudadanos tienen que obrar muy centrados, pues la ciudad no puede seguir dependiendo de emotividades que la exponen a empeorar sus problemas.

En el amanecer de 2017, a sólo un año de transcurridos los períodos de los alcaldes y gobernadores de departamento, en varias localidades se han constituido comités para promover la revocación del mandato a esos funcionarios, a través del ejercicio de ese derecho político consagrado por la Constitución en sus artículos 40 y 123, y las leyes 134 de 1994 y 741 de 2002, que a través del sufragio permite defenestrar a mandatarios que han contrariado los programas con los cuales se sometieron al escrutinio público y que, por su profunda incidencia en la vida de las entidades territoriales y de la población, exige seriedad y máxima responsabilidad en quienes lideran esos movimientos, pues es inadmisible que por estulticia o ambición personal se utilice esa valiosa herramienta democrática para erigir contra poderes, cobrar deudas personales o generar zozobra, porque su propósito no es en esencia sancionatorio, sino el de que los ciudadanos coadyuven coercitivamente al buen manejo de sus asuntos. El ordenamiento jurídico dispone que las peticiones que se eleven para ese efecto tienen que estar bien fundamentadas, lo que les impone a los interesados el perentorio deber de precisar los errores, omisiones, falencias, venalidad en el desempeño o el desacato al compromiso adquirido con el programa que los electores respaldaron con su voto.

En los escenarios de Bogotà y Cartagena habrá agitación en contra y a favor de sus alcaldes, quienes no se cruzaràn de brazos a esperar que las campañas transcurran a sus espaldas, mientras ellos se ocupan en el manejo administrativo, lo que con seguridad va a incidir negativamente en los resultados, pues esa circunstancia genera inestabilidad y miedo en esos funcionarios y sus colaboradores, quienes van a concentrarse mucho en el evento que podría sacarlos de sus empleos, y menos en las tareas pendientes de atención, planeación y ejecución. Para circunscribirnos solamente al caso de Cartagena, el presagio es muy desalentador. Y lo es no porque a su alcalde en efecto le puedan revocar el mandato, sino por la incertidumbre que tal posibilidad genera en el buen momento por el que atraviesa la ciudad en los campos turístico, industrial y portuario, pese a la incertidumbre latente y al desenlace del último período constitucional de los alcaldes, en que en menos de dos años llegó a tener cinco, al último de los cuales ahora le cuestionan el cuantioso endeudamiento en que la dejó y la inconclusión o mala realización de obras, que agravan su ubicación como líder en exclusión social, solo por debajo de Cúcuta, según un documento sobre economía regional publicado por el Banco de la República, del que fueron autores el subdirector Adolfo Meisel Roca y el investigador de la misma institución, Jhorland Ayala García, en el que como base para arribar a esa conclusión tuvieron en cuenta los elevados índices de pobreza, el desempleo, el analfabetismo y variables relacionadas con la calidad de vida de sus gentes.

Lo positivo de la propuesta de revocatoria podría ser que el susto fuera de magnitud capaz de llevar al gobierno Distrital a desandar sus equívocos, o que lo fuercen a ello si el intento en lograrlo fracasa. En todo caso, en esa votación, si es que llega a hacerse, o en las elecciones de alcalde futuras, los ciudadanos tienen que obrar muy centrados, pues la ciudad no puede seguir dependiendo de emotividades que la exponen a empeorar sus problemas.

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