Es evidente, que a un gran porcentaje de la sociedad barranquillera le ha quedado grande enfrentar con inteligencia y decisión, el problema que representa para el futuro de su juventud, la facilidad con que se vende licor y marihuana a menores de edad en sitios de diversión, incluso en zonas aledañas a algunos centros educativos. Cada vez son más alarmantes los informes periodísticos sobre el alcoholismo y drogadicción entre adolescentes, la muerte de jóvenes en avanzado estado de alicoramiento en accidentes de tránsito en motos. Esta preocupación fue objeto de una reciente reunión de rectores de colegios oficiales, cuando se aproxima el año lectivo, en la que se abordó la dramática realidad del espeso aire que se respira en el vecindario de algunas instituciones educativas. Para algunos éste es un indicador de modernidad y otros sostienen que se trata de permitir el libre desarrollo de la personalidad; no faltará quienes piensen que vicios como el alcohol y la marihuana, lo mismo que la prostitución entre menores de 18 años, son escapes necesarios frente a la presión y angustia que afrontan muchos desesperados jóvenes de Barranquilla, argumentos esgrimidos para justificar tanta permisividad frente a tan peligrosas tentaciones, como el licor y la droga, es realmente lo que sobra en esta polémica.
Estas denuncias, deben ser atendidas por nuestras autoridades como una realidad social, que de seguir siendo permitida, seguirá siendo nociva para nuestros jóvenes y constituirse en un lamentable resquebrajamiento de nuestro naciente capital humano. Cuando hace más de 50 años apareció la subversión armada, nadie advirtió su potencial peligro. Hace tres décadas arrancó el narcotráfico con todo su furor y la mayoría de los colombianos permaneció silenciosa, incluso hubo muchos que se hicieron los de la “vista gorda”. Así nos han ocurrido muchas desgracias, que hemos preferido tapar, antes que enfrentar con firmeza; ahora estamos ante otra amenaza que le sacó ventaja tanto al Estado como a la sociedad.
Con el transcurrir del tiempo, el monstruo ha venido creciendo y de permanecer con los brazos cruzados, cuando se decida enfrentarlo, será una bestia imbatible; después vendrán las lamentaciones por habernos abstenido de haber actuado a tiempo. No se trata de un tema que merece menor importancia, ni de una posición temeraria frente a una indiscutible realidad, que involucra a nuestros jóvenes.
Las conductas que estamos denunciando se entrelazan entre sí: del consumo de alcohol se pasa a las drogas –en algunos casos– de la drogadicción a la delincuencia, hasta llegar a comportamientos en los que violar las normas es permitido.
Este problema no escoge regiones ni género, ni estratos sociales, pues abarca a miles de jóvenes de diferente condición y posición socioeconómica de Barranquilla. Esto significa que en nuestra ciudad también nos encontramos frente a un difícil dilema jurídico: o defendemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, o garantizamos los derechos fundamentales de los niños y jóvenes; se trata de escoger entre estos dos derechos aparentemente contrapuestos. Nuestras autoridades no pueden darse el lujo de permitir que los jóvenes continúen exponiéndose a los riesgos que hemos anotado. Por ello sería de capital importancia que nuestros legisladores, presenten como una de tantas posibles soluciones, un proyecto de ley que persiga limitar la existencia de diferentes focos de vicio en las inmediaciones de los establecimientos educativos, siguiendo la tradición legislativa de muchos otros países. Todo depende de que las autoridades competentes sencillamente hagan cumplir la ley.


















